Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14673)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre la información relativa a los costes y rendimientos de los servicios incluida en las cuentas generales de los ayuntamientos de municipios de más de 50.000 habitantes, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, correspondientes al ejercicio 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95278
imputan a los centros de coste mediales. Esta primera atribución de costes se realiza manualmente,
lo que supone una debilidad del control interno de sistema, al producirse el riesgo de cometer errores
de transcripción. Posteriormente los costes considerados indirectos imputados a los centros de
coste mediales son repartidos entre las actividades finalistas. La imputación de costes indirectos se
realiza utilizando como criterio o clave de asignación el número de trabajadores equivalentes, si
bien, como consecuencia del cálculo manual de este reparto, se han detectado numerosas
incongruencias que restan fiabilidad a los importes de costes indirectos imputados por la entidad.
En el caso del Ayuntamiento de Huesca, se limita a efectuar una asignación primaria de costes
directos a los centros de costes, sin tener en cuenta el modelo la existencia de costes indirectos.
El Ayuntamiento de Torrevieja realiza una asignación de costes directos e indirectos entre las
actividades consideradas en el modelo de costes. Para ello, realiza una primera asignación de
costes a cada una de las actividades principales, auxiliares y DAG. A continuación, se imputan los
costes de las actividades auxiliares a las principales dentro del mismo centro de coste. Una vez
realizada esta primera asignación de coste, se procede al reparto de costes de las actividades DAG
a las principales, utilizando como clave de reparto el peso proporcional de los costes de cada
servicio principal respecto del total de servicios o actividades, siendo uno de los criterios previstos
en la Resolución de la IGAE. El reparto de los costes de amortización se realiza atendiendo al
número de empleados asignados a cada actividad, criterio que no se corresponde con la naturaleza
de dicho gasto.
En el caso del Ayuntamiento de Valencia, el mecanismo de asignación y distribución de costes se
inicia con la asignación de los costes a los centros de coste, tanto principales como intermedios.
Los costes asignados a los centros de coste intermedios son imputados, posteriormente, a los
centros principales. Los costes totales de los centros principales se asignan a sus actividades, de
forma que los costes que puedan ser directamente asignados a las actividades finalistas pasan a
ser costes directos de estas últimas, mientras que el resto de los costes se reparten entre las
actividades finalistas conforme a los criterios de reparto definidos por la entidad. Estos criterios de
reparto se basan, con carácter general, en la proporción de los costes imputados a cada centro,
según el tipo de coste considerado.
Por su parte, el Cabildo Insular de La Palma considera todos los costes como directos, sin tener en
cuenta los indirectos. Sin embargo, existen diferencias en los importes de costes que se han
vinculado a las dos únicas actividades definidas en su modelo de costes, concretamente en relación
con las obligaciones del capítulo 2 del presupuesto de gastos, sin haber obtenido explicación de los
criterios de asignación de costes empleados.
La Diputación Provincial de Burgos muestra una distinción entre costes directos e indirectos,
asignando directamente los primeros a los centros de coste considerados e imputando los segundos
(que comprenden obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 y 2) según el peso relativo de
cada uno de los centros de coste.
II.2.2.5. ESTRUCTURA DE ELEMENTOS DE INGRESO, ASIGNACIÓN DE INGRESOS A
ACTIVIDADES Y DETERMINACIÓN DE MÁRGENES
El apartado vigésimo tercero de la Resolución de la IGAE establece que los ingresos deben
relacionarse con todas o con algunas de las actividades que se hayan definido como finalistas en
la organización. No obstante, existe la posibilidad de que ciertos ingresos no puedan ser
cve: BOE-A-2025-14673
Verificable en https://www.boe.es
En el caso de la Diputación Provincial de Segovia, se limita a asignar los importes de las
obligaciones reconocidas netas como costes directos de las actividades definidas, por lo que no ha
tenido en cuenta ningún criterio de reparto para distribuir costes indirectos.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95278
imputan a los centros de coste mediales. Esta primera atribución de costes se realiza manualmente,
lo que supone una debilidad del control interno de sistema, al producirse el riesgo de cometer errores
de transcripción. Posteriormente los costes considerados indirectos imputados a los centros de
coste mediales son repartidos entre las actividades finalistas. La imputación de costes indirectos se
realiza utilizando como criterio o clave de asignación el número de trabajadores equivalentes, si
bien, como consecuencia del cálculo manual de este reparto, se han detectado numerosas
incongruencias que restan fiabilidad a los importes de costes indirectos imputados por la entidad.
En el caso del Ayuntamiento de Huesca, se limita a efectuar una asignación primaria de costes
directos a los centros de costes, sin tener en cuenta el modelo la existencia de costes indirectos.
El Ayuntamiento de Torrevieja realiza una asignación de costes directos e indirectos entre las
actividades consideradas en el modelo de costes. Para ello, realiza una primera asignación de
costes a cada una de las actividades principales, auxiliares y DAG. A continuación, se imputan los
costes de las actividades auxiliares a las principales dentro del mismo centro de coste. Una vez
realizada esta primera asignación de coste, se procede al reparto de costes de las actividades DAG
a las principales, utilizando como clave de reparto el peso proporcional de los costes de cada
servicio principal respecto del total de servicios o actividades, siendo uno de los criterios previstos
en la Resolución de la IGAE. El reparto de los costes de amortización se realiza atendiendo al
número de empleados asignados a cada actividad, criterio que no se corresponde con la naturaleza
de dicho gasto.
En el caso del Ayuntamiento de Valencia, el mecanismo de asignación y distribución de costes se
inicia con la asignación de los costes a los centros de coste, tanto principales como intermedios.
Los costes asignados a los centros de coste intermedios son imputados, posteriormente, a los
centros principales. Los costes totales de los centros principales se asignan a sus actividades, de
forma que los costes que puedan ser directamente asignados a las actividades finalistas pasan a
ser costes directos de estas últimas, mientras que el resto de los costes se reparten entre las
actividades finalistas conforme a los criterios de reparto definidos por la entidad. Estos criterios de
reparto se basan, con carácter general, en la proporción de los costes imputados a cada centro,
según el tipo de coste considerado.
Por su parte, el Cabildo Insular de La Palma considera todos los costes como directos, sin tener en
cuenta los indirectos. Sin embargo, existen diferencias en los importes de costes que se han
vinculado a las dos únicas actividades definidas en su modelo de costes, concretamente en relación
con las obligaciones del capítulo 2 del presupuesto de gastos, sin haber obtenido explicación de los
criterios de asignación de costes empleados.
La Diputación Provincial de Burgos muestra una distinción entre costes directos e indirectos,
asignando directamente los primeros a los centros de coste considerados e imputando los segundos
(que comprenden obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 y 2) según el peso relativo de
cada uno de los centros de coste.
II.2.2.5. ESTRUCTURA DE ELEMENTOS DE INGRESO, ASIGNACIÓN DE INGRESOS A
ACTIVIDADES Y DETERMINACIÓN DE MÁRGENES
El apartado vigésimo tercero de la Resolución de la IGAE establece que los ingresos deben
relacionarse con todas o con algunas de las actividades que se hayan definido como finalistas en
la organización. No obstante, existe la posibilidad de que ciertos ingresos no puedan ser
cve: BOE-A-2025-14673
Verificable en https://www.boe.es
En el caso de la Diputación Provincial de Segovia, se limita a asignar los importes de las
obligaciones reconocidas netas como costes directos de las actividades definidas, por lo que no ha
tenido en cuenta ningún criterio de reparto para distribuir costes indirectos.
