BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 15 de marzo de 2023

Sec. III. Pág. 38416

condición por el transcurso del plazo y no recalificación de los terrenos y, verificados
esos extremos, el notario emite juicio sobre la justificación de la reinscripción conforme a
lo pactado e inscrito. En el requerimiento inicial (en acta de fecha 4 de agosto de 2022),
se incorpora por testimonio la escritura de donde procede la condición resolutoria –la
escritura de 7 de abril de 2004–.
– En la tramitación del acta, conforme el número 3 del artículo 209 del Reglamento
Notarial, se cita al Ayuntamiento como titular registral; comparece representado por su
alcalde y manifiesta que se opone a la reinscripción alegando que se ha cumplido con lo
pactado pues fue objeto de aprobación por el órgano autonómico competente (Comisión
Provincial de Urbanismo) y, por tanto, se ajusta al tenor literal de la escritura que al
enumerar las diferentes posibilidades de acreditar el incumplimiento dice «(...) acta de
constancia de la resolución negativa o denegatoria por el órgano competente [...] que no
ha tenido lugar, pues esta se aprobó». Se expresa en el acta que aparte de esta
oposición en el expediente, el Ayuntamiento no ha presentado demanda judicial, ni hay
comunicación de la intención de hacerlo, por lo que conforme al artículo 209.5.º del
Reglamento Notarial no se suspende la tramitación del acta. El acta concluye, conforme
a este artículo, con una declaración notarial según la cual es notorio tanto el transcurso
del plazo pactado, como que los terrenos no se han recalificado ni material ni
jurídicamente; por último, el notario realiza una declaración positiva sobre la
concurrencia de los requisitos pactados e inscritos para la reinscripción por reversión al
cedente de las fincas cedidas.
La registradora señala dos defectos: a) Falta aportar el título de cesión, y b)
formulada oposición por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, mediante escrito de
alegaciones de fecha 5 de septiembre de 2022, la entidad cedente «Explotaciones Casa
Quemada, S.A.», debe acreditar en el correspondiente proceso judicial los presupuestos
de la resolución.
El notario recurrente alega lo siguiente: que está testimoniado el título en el acta de
requerimiento; que no hay cláusula penal que deba ser moderada, pues no hay precio ni
intereses pactados, y es que no se trata de una compraventa sino de una cesión gratuita
con sujeción a modo o condición y por tanto no cabe aplicación analógica, pues no hay
identidad de razón; que se ha tramitado conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial
dado que no hay precio ni intereses, sino la comprobación y fijación de hechos notorios
sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos y legitimadas situaciones
con transcendencia jurídica; que todas las resoluciones aportadas en la nota de
calificación se refieren a supuestos de compraventa y resolución por falta de pago, o por
analogía declarada por el Tribunal Supremo, al caso de permuta; que es una cesión
gratuita sujeta a modo y reforzada con condición resolutoria, por lo que la aplicación de
esta doctrina debe hacerse de manera cautelosa pues, en caso de incumplimiento de un
modo, podría suponer que el cumplimiento de la prestación en que el gravamen consiste
quede al arbitrio de la parte cesionaria; que el requisito de la no oposición es aplicado en
orden a salvaguardar la posición jurídica de las partes, en sede de compraventa y por
analogía a la permuta pero no al de una cesión gratuita; que no toda oposición es
susceptible de crear duda sobre la reinscripción, sino que debe referirse a uno de los
presupuestos que determinan el gravamen y debe ser seria y congruente, lo que no
concurre en este supuesto; que el acta tramitada conforme al artículo 209 del
Reglamento Notarial es un expediente de jurisdicción voluntaria del que resulta de
manera incontrovertible que ha transcurrido el plazo y que no están recalificados tos
terrenos; que el título es una cesión gratuita con imposición de un modo en el que se
expresa el motivo o la finalidad de la cesión, que es la realización de actos que, en virtud
de las potestades que el ordenamiento jurídico le tiene atribuidas, solo puede realizar el
Ayuntamiento y por tanto, se le aplican sus propias normas y no las de los contratos,
pues el gravamen impuesto consiste en una actividad difícilmente evaluable en términos
económicos y no excede esa actuación del valor de los inmuebles cedidos; que el pacto
de reversión, la autorización a la reinscripción y la condición resolutoria quedan dentro
de la relación jurídica gratuita, como parte esencial de la misma, sin la cual no se hubiera

cve: BOE-A-2023-6846
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Núm. 63