BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 20 de abril de 2022

Sec. I. Pág. 53839

la crisis sanitaria y las dificultades para ajustar la oferta a la velocidad de crecimiento.
Las materias primas acusan este fuerte incremento de la demanda, que les llega sobre
todo desde Asia y Estados Unidos, y están registrando ese aumento desmesurado de
sus precios. Además, el alza del precio de los fletes internacionales es otro de los
elementos que contribuye a estas tensiones, pues el precio de los contenedores de
acero se encuentra en máximos históricos y el precio de la madera se ha disparado por
el incremento de la demanda internacional. Desde febrero del año 2021, la cotización del
gas natural en los mercados europeos ha aumentado en más de un doscientos cincuenta
por ciento, alcanzando niveles sin precedentes e impactando directa y negativamente
sobre el precio de la electricidad en el mercado mayorista.
En este contexto y debido al carácter sistémico que la energía, en general, y la
electricidad, en particular, tienen para la economía y a los graves efectos
distorsionadores que esta situación está provocando sobre los hogares, las PYMES y la
industria, resulta necesario adoptar medidas regulatorias urgentes y extraordinarias que,
siendo plenamente compatibles con el ordenamiento nacional y comunitario, corrijan
dichos efectos y protejan los servicios de la Administración y a la ciudadanía. Es
necesario establecer acciones que permitan mitigar el impacto de precios por motivos de
interés general y para garantizar la viabilidad de los contratos públicos.
Este escenario de incremento extraordinario de costes en la construcción se ha
producido igualmente en la contratación de productos o servicios relacionados con las
tecnologías de la información y comunicación. El aumento del comercio electrónico y
consumo de servicios digitales por la sociedad ha sido exponencial respecto a la era
prepandemia y la escasez de recursos del mercado laboral en estos ámbitos se ha
agudizado provocando un incremento de los costes de servicios, equipamiento y
productos tecnológicos. Esta situación puede apreciarse en nuevas prácticas
profesionales y hábitos de la ciudadanía respecto a la forma de consumir productos y
servicios. Es paradigmático el aumento de empleados de sector público y privado que
acceden de forma remota a su puesto de trabajo. En España, en 2019 el porcentaje de
personas que trabajaban desde casa de manera continua pasó del 4,3 % al 4,8 %, y el
porcentaje de las que lo hacían ocasionalmente pasó del 3,2 % al 3,5 %. Esta situación
ha cambiado completamente con la pandemia, ya que las empresas se vieron obligadas
a implantar esta modalidad de trabajo. Durante las semanas del confinamiento el
porcentaje de personas teletrabajando creció hasta el 34 % y la tendencia se está
consolidando con proyectos legislativos que fomentan esta nueva forma de trabajar.
El COVID-19 ha acelerado las iniciativas de transformación digital de empresas y
entidades del sector público para acomodarse a la demanda social, estar mejor
preparados ante las incertidumbres que ha provocado este tiempo y cumplir las
normativas que proliferan sobre el uso de determinadas tecnologías o identidad digital,
privacidad y ciberseguridad. Esta situación ha provocado un incremento extraordinario
en la demanda de bienes y servicios relacionados con las tecnologías de la información y
la comunicación que, unida a la escasez de determinados componentes en los productos
o profesionales en este ámbito, ha generado un aumento de su coste, siendo preciso
establecer algunas condiciones específicas para esta clase de contratos con la finalidad
de garantizar la calidad y la competencia efectiva. Por ello, en este decreto-ley se
plantea que, con carácter uniforme para todo el sector público autonómico, se
establezcan las medidas acomodadas a la especialidad del sector y de las circunstancias
concurrentes que consideren su singularidad.
La Junta de Extremadura es consciente de que la contratación pública, por el enorme
volumen de gasto que representa, debe ser un instrumento protagonista para mejorar el
bienestar y lograr una sociedad más próspera e inclusiva, de tal manera que los órganos
de contratación deben velar por el establecimiento de condiciones que permitan obtener
obras, suministros y servicios de gran calidad y que respondan lo mejor posible a sus
necesidades.
Mejorar la eficiencia de la contratación pública para impulsar la recuperación, la
inversión y el crecimiento sostenible e innovador en la Comunidad Autónoma, a través

cve: BOE-A-2022-6453
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 94