III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5912)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Nota sobre el estado de la liquidación del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil.
30 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50613
anuales para hacer frente, entre otros, a las primas de seguros, los impuestos locales y los gastos
de las comunidades de propietarios. [puntos 2.18. a 2.20.]
3.9.- El planteamiento general del proceso de liquidación era traspasar a la DGPE los bienes
calificados como logísticos (bienes que adquieren el carácter demanial) por parte de la DGGC para
adscribirlos a esta y respecto al resto de inmuebles (no logísticos) enajenarlos para que junto a las
rentas que pudieran obtenerse se sufragaran los gastos de mantenimiento y conservación del
patrimonio en liquidación e ingresar en el Tesoro público el remanente resultante, pero 20 años
después algunos bienes logísticos continúan arrendados sin traspasar a la DGPE y otros no
logísticos pendientes de enajenar. Además quedan pendientes de liquidar algunos derechos fruto
de la enajenación a plazos y la tesorería. [puntos 2.21. a 2.22.]
3.10.- Los inmuebles, tanto logísticos como no logísticos, a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de
diciembre de 2016 existentes del extinto Patronato no han variado y su valor catastral de todos ellos
de 2016 asciende a 1.373.766,65 euros. [punto 2.23]
3.11.- Los inmuebles logísticos lo forman 26 locales en Cádiz, de los cuales 11 están, a 31 de
diciembre de 2016, arrendados a particulares y cuyos contratos de alquiler los gestiona la DGGC,
en virtud del “acuerdo interno” suscrito entre la DGGC y la CL al que ya se ha hecho referencia.
Aunque todos los contratos se suscribieron antes de extinguirse el PVGC, todas las prórrogas y
subrogaciones se realizaron en la etapa de liquidación que, de haberse aplicado correctamente la
legislación en materia de arrendamiento, algunos más estarían extinguidos y, en consecuencia,
podrían haber sido utilizados por la DGGC. Las gestiones de traspaso de dichos locales a la DGPE
se han prolongado más de lo debido, las viviendas de dichos bloques se traspasaron en 2001,
quedando pendientes los citados locales por problemas registrales que no se solventaron hasta
febrero de 2011, fecha en la que se vuelve a iniciar el proceso para traspasarlo a la DGPE, pero
que se paraliza por iniciativa de la CL en noviembre de 2011. A la DGPE le suscitan dudas la
afectación de esos inmuebles como logísticos cuando se mantienen los contratos de arrendamiento.
[puntos 2.24. a 2.27.]
3.12.- Los no logísticos lo forman cuatro inmuebles (un local en superficie con sótano y tres locales
sótanos con acceso por el portal) que se subastaron al alza en 2013, quedando desierta la subasta.
Para la misma se encargó una tasación. Sin embargo para dos de ellos se utilizaron otros valores
de origen distinto y de mayor importe, cuando el mercado inmobiliario estaba en plena caída. En la
convocatoria de la subasta se han detectado errores en la dirección de uno de ellos y en la
identificación de otro, que no han sido corregidos mediante la publicación de la corrección de erratas
de la convocatoria. [puntos 2.28. y 2.32.]
3.13.- Los terrenos y solares del extinto Patronato existentes a 31 de diciembre de 2016 tienen
problemas de regularización en los Registros de la propiedad derivados de la falta de claridad en la
identificación de las fincas cuando se traspasaron los terrenos entre distintos organismos de ámbito
estatal, entre ellos el PVGC, en correlación con los terrenos traspasados por el Estado a la CA de
Canarias cuando se transfirieron funciones en esta materia. La documentación facilitada por la CL
sobre los antecedentes y la situación actual, cuya situación jurídica respecto a la titularidad de la
propiedad es incierta, presenta numerosas lagunas temporales en cuanto a las gestiones realizadas
y escritos incompletos. No consta que se haya solicitado notas registrales actualizadas para
asegurarse de que, al menos, continúan a nombre de los antiguos propietarios y no a nombre de la
CA de Canarias u otros terceros. [puntos 2.33. a 2.38.]
3.14.- Por lo que se refiere a los deudores, el saldo pasa de 165.327,87 euros a 31 de diciembre de
2012 a ser de 16.963,22 a 31 de diciembre de 2016, la mayoría corresponden a la enajenación de
viviendas y plazas de garaje vendidas a plazos que se han ido pagando según vencimiento. Del
saldo a 31 de diciembre de 2016, 10.941,53 euros corresponden a dos deudores de dos
promociones de viviendas distintas, cuyas deudas están vencidas a dicha fecha, que se les ha
reclamado el 31 de marzo de 2016, aunque no se tiene constancia de que se hubiera reclamado
con anterioridad. Existe otra deuda de 4.993,39 euros que corresponde a los intereses devengados,
cve: BOE-A-2022-5912
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50613
anuales para hacer frente, entre otros, a las primas de seguros, los impuestos locales y los gastos
de las comunidades de propietarios. [puntos 2.18. a 2.20.]
3.9.- El planteamiento general del proceso de liquidación era traspasar a la DGPE los bienes
calificados como logísticos (bienes que adquieren el carácter demanial) por parte de la DGGC para
adscribirlos a esta y respecto al resto de inmuebles (no logísticos) enajenarlos para que junto a las
rentas que pudieran obtenerse se sufragaran los gastos de mantenimiento y conservación del
patrimonio en liquidación e ingresar en el Tesoro público el remanente resultante, pero 20 años
después algunos bienes logísticos continúan arrendados sin traspasar a la DGPE y otros no
logísticos pendientes de enajenar. Además quedan pendientes de liquidar algunos derechos fruto
de la enajenación a plazos y la tesorería. [puntos 2.21. a 2.22.]
3.10.- Los inmuebles, tanto logísticos como no logísticos, a 31 de diciembre de 2012 y a 31 de
diciembre de 2016 existentes del extinto Patronato no han variado y su valor catastral de todos ellos
de 2016 asciende a 1.373.766,65 euros. [punto 2.23]
3.11.- Los inmuebles logísticos lo forman 26 locales en Cádiz, de los cuales 11 están, a 31 de
diciembre de 2016, arrendados a particulares y cuyos contratos de alquiler los gestiona la DGGC,
en virtud del “acuerdo interno” suscrito entre la DGGC y la CL al que ya se ha hecho referencia.
Aunque todos los contratos se suscribieron antes de extinguirse el PVGC, todas las prórrogas y
subrogaciones se realizaron en la etapa de liquidación que, de haberse aplicado correctamente la
legislación en materia de arrendamiento, algunos más estarían extinguidos y, en consecuencia,
podrían haber sido utilizados por la DGGC. Las gestiones de traspaso de dichos locales a la DGPE
se han prolongado más de lo debido, las viviendas de dichos bloques se traspasaron en 2001,
quedando pendientes los citados locales por problemas registrales que no se solventaron hasta
febrero de 2011, fecha en la que se vuelve a iniciar el proceso para traspasarlo a la DGPE, pero
que se paraliza por iniciativa de la CL en noviembre de 2011. A la DGPE le suscitan dudas la
afectación de esos inmuebles como logísticos cuando se mantienen los contratos de arrendamiento.
[puntos 2.24. a 2.27.]
3.12.- Los no logísticos lo forman cuatro inmuebles (un local en superficie con sótano y tres locales
sótanos con acceso por el portal) que se subastaron al alza en 2013, quedando desierta la subasta.
Para la misma se encargó una tasación. Sin embargo para dos de ellos se utilizaron otros valores
de origen distinto y de mayor importe, cuando el mercado inmobiliario estaba en plena caída. En la
convocatoria de la subasta se han detectado errores en la dirección de uno de ellos y en la
identificación de otro, que no han sido corregidos mediante la publicación de la corrección de erratas
de la convocatoria. [puntos 2.28. y 2.32.]
3.13.- Los terrenos y solares del extinto Patronato existentes a 31 de diciembre de 2016 tienen
problemas de regularización en los Registros de la propiedad derivados de la falta de claridad en la
identificación de las fincas cuando se traspasaron los terrenos entre distintos organismos de ámbito
estatal, entre ellos el PVGC, en correlación con los terrenos traspasados por el Estado a la CA de
Canarias cuando se transfirieron funciones en esta materia. La documentación facilitada por la CL
sobre los antecedentes y la situación actual, cuya situación jurídica respecto a la titularidad de la
propiedad es incierta, presenta numerosas lagunas temporales en cuanto a las gestiones realizadas
y escritos incompletos. No consta que se haya solicitado notas registrales actualizadas para
asegurarse de que, al menos, continúan a nombre de los antiguos propietarios y no a nombre de la
CA de Canarias u otros terceros. [puntos 2.33. a 2.38.]
3.14.- Por lo que se refiere a los deudores, el saldo pasa de 165.327,87 euros a 31 de diciembre de
2012 a ser de 16.963,22 a 31 de diciembre de 2016, la mayoría corresponden a la enajenación de
viviendas y plazas de garaje vendidas a plazos que se han ido pagando según vencimiento. Del
saldo a 31 de diciembre de 2016, 10.941,53 euros corresponden a dos deudores de dos
promociones de viviendas distintas, cuyas deudas están vencidas a dicha fecha, que se les ha
reclamado el 31 de marzo de 2016, aunque no se tiene constancia de que se hubiera reclamado
con anterioridad. Existe otra deuda de 4.993,39 euros que corresponde a los intereses devengados,
cve: BOE-A-2022-5912
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
