III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5910)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2018.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50270
anulaciones; la Memoria de la Cuenta de la Administración general de la Generalidad no se
adecúa en su totalidad los requisitos mínimos establecidos en la Orden VEH / 137/2017, del 29 de
junio, por la que se aprueba el PGCP; y la nota sobre endeudamiento no informa del importe
pendiente de pago correspondiente a las liquidaciones negativas del sistema de financiación de
los ejercicios 2008 y 2009 que está reconocido en el Balance por 1.622.310 miles de euros.
En la Comunidad Foral de Navarra, no se registran en el balance, ni la memoria contiene
información sobre las obligaciones actuariales generadas por el montepío del personal funcionario
activo y pasivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. De acuerdo con los
estudios y valoraciones realizados por esta, el coste derivado de las prestaciones de dicho
montepío para el periodo 2019-2087 se estima en torno a 1.898.000 miles de euros constantes.
En el balance de situación no ha sido posible obtener evidencia de la razonabilidad del saldo
contable de “Inmovilizaciones Materiales” que, a 31 de diciembre de 2018, asciende a 2.351.990
miles de euros, dado que el mismo no está respaldado por un inventario general de bienes
adecuadamente valorado de acuerdo con los principios y criterios contables aplicables.
En la Comunitat Valenciana, la composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes
del inmovilizado no financiero no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado
al cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros contables. El sistema contable
sólo permite obtener el detalle de los movimientos que se han producido en el ejercicio y no
efectúa las amortizaciones del inmovilizado sujeto a depreciación. En consecuencia, se reitera lo
indicado en informes de fiscalización anteriores en cuanto a la imposibilidad de verificar la
razonabilidad del saldo del inmovilizado no financiero y su amortización acumulada a 31 de
diciembre de 2018, y el consiguiente efecto de la amortización anual en la cuenta del resultado
económico-patrimonial del ejercicio 2018.
En Galicia, no existe información sobre la antigüedad de los deudores pendientes de cobro, lo
que limita el cálculo de los derechos de dudoso cobro con la correspondiente repercusión en el
remanente de tesorería.
En Illes Balears, la Administración de la CA no ha registrado ningún deterioro de sus
inmovilizados no financieros a 31 de diciembre de 2018. No obstante, no se ha rendido a la
Sindicatura el soporte documental con las evaluaciones realizadas para justificar que el valor
contable de cada uno de los elementos del inmovilizado no financiero no supera su importe
recuperable y que no es necesario registrar ningún deterioro del inmovilizado material a 31 de
diciembre de 2018, por lo que no se ha podido concluir sobre si habría sido necesario o no
registrar un deterioro de algunos de los elementos o unidades de servicio con la minoración del
importe del inmovilizado no financiero a 31 de diciembre de 2018 y los resultados no ordinarios del
ejercicio 2018.
La CA no ha rendido la información referente al gasto de personal y el incremento de las
retribuciones, así como del número de efectivos mensuales correspondientes a los entes que
conforman su sector público instrumental, a efectos de poder verificar el grado de cumplimiento
del incremento de las retribuciones del personal de los entes integrantes del sector público
autonómico.
En el Principado de Asturias, de acuerdo con la información facilitada por la Administración del
Principado de Asturias, los fondos obtenidos a través del endeudamiento formalizado en 2018 por
un importe de 626.389 miles de euros, fueron destinados a atender vencimientos de deuda con
entidades financieras (501.577 miles de euros), vencimientos de deuda con el Estado (29.853
miles de euros) y a financiar el déficit del ejercicio (94.960 miles de euros). Debido a que no existe
en el sistema contable de la Administración una vinculación entre los ingresos obtenidos del
endeudamiento y los gastos presupuestarios a los que son destinados, no ha sido posible
identificar las operaciones que fueron financiadas con los 94.960 miles de euros destinados a
financiar déficit.
cve: BOE-A-2022-5910
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50270
anulaciones; la Memoria de la Cuenta de la Administración general de la Generalidad no se
adecúa en su totalidad los requisitos mínimos establecidos en la Orden VEH / 137/2017, del 29 de
junio, por la que se aprueba el PGCP; y la nota sobre endeudamiento no informa del importe
pendiente de pago correspondiente a las liquidaciones negativas del sistema de financiación de
los ejercicios 2008 y 2009 que está reconocido en el Balance por 1.622.310 miles de euros.
En la Comunidad Foral de Navarra, no se registran en el balance, ni la memoria contiene
información sobre las obligaciones actuariales generadas por el montepío del personal funcionario
activo y pasivo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. De acuerdo con los
estudios y valoraciones realizados por esta, el coste derivado de las prestaciones de dicho
montepío para el periodo 2019-2087 se estima en torno a 1.898.000 miles de euros constantes.
En el balance de situación no ha sido posible obtener evidencia de la razonabilidad del saldo
contable de “Inmovilizaciones Materiales” que, a 31 de diciembre de 2018, asciende a 2.351.990
miles de euros, dado que el mismo no está respaldado por un inventario general de bienes
adecuadamente valorado de acuerdo con los principios y criterios contables aplicables.
En la Comunitat Valenciana, la composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes
del inmovilizado no financiero no se encuentran recogidas en un inventario completo y actualizado
al cierre del ejercicio que permita su conciliación con los registros contables. El sistema contable
sólo permite obtener el detalle de los movimientos que se han producido en el ejercicio y no
efectúa las amortizaciones del inmovilizado sujeto a depreciación. En consecuencia, se reitera lo
indicado en informes de fiscalización anteriores en cuanto a la imposibilidad de verificar la
razonabilidad del saldo del inmovilizado no financiero y su amortización acumulada a 31 de
diciembre de 2018, y el consiguiente efecto de la amortización anual en la cuenta del resultado
económico-patrimonial del ejercicio 2018.
En Galicia, no existe información sobre la antigüedad de los deudores pendientes de cobro, lo
que limita el cálculo de los derechos de dudoso cobro con la correspondiente repercusión en el
remanente de tesorería.
En Illes Balears, la Administración de la CA no ha registrado ningún deterioro de sus
inmovilizados no financieros a 31 de diciembre de 2018. No obstante, no se ha rendido a la
Sindicatura el soporte documental con las evaluaciones realizadas para justificar que el valor
contable de cada uno de los elementos del inmovilizado no financiero no supera su importe
recuperable y que no es necesario registrar ningún deterioro del inmovilizado material a 31 de
diciembre de 2018, por lo que no se ha podido concluir sobre si habría sido necesario o no
registrar un deterioro de algunos de los elementos o unidades de servicio con la minoración del
importe del inmovilizado no financiero a 31 de diciembre de 2018 y los resultados no ordinarios del
ejercicio 2018.
La CA no ha rendido la información referente al gasto de personal y el incremento de las
retribuciones, así como del número de efectivos mensuales correspondientes a los entes que
conforman su sector público instrumental, a efectos de poder verificar el grado de cumplimiento
del incremento de las retribuciones del personal de los entes integrantes del sector público
autonómico.
En el Principado de Asturias, de acuerdo con la información facilitada por la Administración del
Principado de Asturias, los fondos obtenidos a través del endeudamiento formalizado en 2018 por
un importe de 626.389 miles de euros, fueron destinados a atender vencimientos de deuda con
entidades financieras (501.577 miles de euros), vencimientos de deuda con el Estado (29.853
miles de euros) y a financiar el déficit del ejercicio (94.960 miles de euros). Debido a que no existe
en el sistema contable de la Administración una vinculación entre los ingresos obtenidos del
endeudamiento y los gastos presupuestarios a los que son destinados, no ha sido posible
identificar las operaciones que fueron financiadas con los 94.960 miles de euros destinados a
financiar déficit.
cve: BOE-A-2022-5910
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
