III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5910)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector Público Autonómico, ejercicio 2018.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
I.3.
Sec. III. Pág. 50269
LIMITACIONES
Las Cuentas Generales no incluyen, con carácter general, la Memoria demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados y del
coste correspondiente, lo que supone una limitación a la verificación de la aplicación de los
principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Por otra parte,
se observa la tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de
los gastos con financiación afectada que permita conocer las desviaciones de financiación en el
cálculo del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del estado del remanente de tesorería.
Asimismo, la falta de rendición de cuentas por parte de determinadas entidades del sector público
autonómico, especialmente entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios, supone una
limitación a la exposición de las particularidades e incidencias que pudieran afectarles.
Con independencia de lo indicado, específicamente, de los datos resultantes de los Informes de
este Tribunal y de los OCEX, cabe indicar que en las CCAA de Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la
Región de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se han apreciado
especiales limitaciones, salvo las relativas a la falta de rendición de las cuentas de determinadas
entidades, que se reflejan en el subapartado correspondiente.
Respecto al resto, cabe resaltar las siguientes limitaciones:
En Andalucía, no es posible garantizar el contenido y dimensión de la población de entidades
minoritariamente participadas por la CA. Por un lado, son varias las agencias públicas empresariales
y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente que no ofrecen en sus memorias de
cuentas anuales un detalle completo y actualizado de sus participaciones minoritarias en otras
entidades. Por otro lado, aun cuando la información facilitada por la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía en ocasiones salva determinadas omisiones, en otras difiere de la facilitada por
las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles mayoritarias.
En Aragón, no constan en el inventario de la Administración de la CA numerosos activos del
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda destinados a alquileres
sociales. No obstante, en 2017 se regularizaron en inventario aproximadamente la mitad de las
viviendas de las 474 existentes en los registros extracontables del departamento. En 2018 se
interrumpió el proceso de regularización, retomándose de nuevo en 2019.
En Cataluña, se han producido diversas deficiencias que resultan limitativas para una correcta
información de la situación económico-patrimonial, tales como: no se ha incluido información
presupuestaria consolidada de los pagos y cobros del ejercicio corriente; la Intervención General
ha presentado un Balance y Cuenta del resultado económico patrimonial agregados del sector
público administrativo y otro del sector público no administrativo sin ninguna de las eliminaciones
propias de un estado consolidado. Esta agregación implica que los estados presentados no sean
representativos de la situación económico patrimonial y financiera del sector público en su
conjunto, ya que hay duplicidades y sobrevaloraciones en algunos de los epígrafes; la
composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes del inmovilizado material no están
recogidos en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita la conciliación
con los registros contables; la Administración de la Generalidad no ha hecho un análisis detallado
de la antigüedad real de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores de las
tesorerías territoriales, que a 31 de diciembre de 2018 eran 627.540 miles de euros, por lo que no
se puede cuantificar el importe a provisionar para cubrir el riesgo de insolvencias y las
cve: BOE-A-2022-5910
Verificable en https://www.boe.es
Tampoco constan en el inventario las inversiones ejecutadas en el vertedero de Bailín ni las 16
EDAR construidas por el Gobierno de Aragón que fueron adscritas al Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud. En 2018 dicho Instituto ha continuado con el proceso de regularización
contable y en inventario de las EDAR que gestiona y de otras instalaciones propias.
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
I.3.
Sec. III. Pág. 50269
LIMITACIONES
Las Cuentas Generales no incluyen, con carácter general, la Memoria demostrativa del grado de
cumplimiento de los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados y del
coste correspondiente, lo que supone una limitación a la verificación de la aplicación de los
principios de eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos. Por otra parte,
se observa la tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada y un mínimo seguimiento de
los gastos con financiación afectada que permita conocer las desviaciones de financiación en el
cálculo del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del estado del remanente de tesorería.
Asimismo, la falta de rendición de cuentas por parte de determinadas entidades del sector público
autonómico, especialmente entes y empresas públicas, fundaciones y consorcios, supone una
limitación a la exposición de las particularidades e incidencias que pudieran afectarles.
Con independencia de lo indicado, específicamente, de los datos resultantes de los Informes de
este Tribunal y de los OCEX, cabe indicar que en las CCAA de Canarias, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la
Región de Murcia y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla no se han apreciado
especiales limitaciones, salvo las relativas a la falta de rendición de las cuentas de determinadas
entidades, que se reflejan en el subapartado correspondiente.
Respecto al resto, cabe resaltar las siguientes limitaciones:
En Andalucía, no es posible garantizar el contenido y dimensión de la población de entidades
minoritariamente participadas por la CA. Por un lado, son varias las agencias públicas empresariales
y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente que no ofrecen en sus memorias de
cuentas anuales un detalle completo y actualizado de sus participaciones minoritarias en otras
entidades. Por otro lado, aun cuando la información facilitada por la Consejería de Hacienda,
Industria y Energía en ocasiones salva determinadas omisiones, en otras difiere de la facilitada por
las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles mayoritarias.
En Aragón, no constan en el inventario de la Administración de la CA numerosos activos del
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda destinados a alquileres
sociales. No obstante, en 2017 se regularizaron en inventario aproximadamente la mitad de las
viviendas de las 474 existentes en los registros extracontables del departamento. En 2018 se
interrumpió el proceso de regularización, retomándose de nuevo en 2019.
En Cataluña, se han producido diversas deficiencias que resultan limitativas para una correcta
información de la situación económico-patrimonial, tales como: no se ha incluido información
presupuestaria consolidada de los pagos y cobros del ejercicio corriente; la Intervención General
ha presentado un Balance y Cuenta del resultado económico patrimonial agregados del sector
público administrativo y otro del sector público no administrativo sin ninguna de las eliminaciones
propias de un estado consolidado. Esta agregación implica que los estados presentados no sean
representativos de la situación económico patrimonial y financiera del sector público en su
conjunto, ya que hay duplicidades y sobrevaloraciones en algunos de los epígrafes; la
composición, ubicación y valoración de los principales epígrafes del inmovilizado material no están
recogidos en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio que permita la conciliación
con los registros contables; la Administración de la Generalidad no ha hecho un análisis detallado
de la antigüedad real de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores de las
tesorerías territoriales, que a 31 de diciembre de 2018 eran 627.540 miles de euros, por lo que no
se puede cuantificar el importe a provisionar para cubrir el riesgo de insolvencias y las
cve: BOE-A-2022-5910
Verificable en https://www.boe.es
Tampoco constan en el inventario las inversiones ejecutadas en el vertedero de Bailín ni las 16
EDAR construidas por el Gobierno de Aragón que fueron adscritas al Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud. En 2018 dicho Instituto ha continuado con el proceso de regularización
contable y en inventario de las EDAR que gestiona y de otras instalaciones propias.
