III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5909)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el "Informe de fiscalización de la gestión económico financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia".
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50089
de dependencia; mejora y adecuación de las prestaciones y servicios para garantizar la
sostenibilidad del Sistema; mejoras en el procedimiento y transparencia en la gestión; mejoras en
los sistemas de información; modificación del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia y
nuevos criterios de asignación del nivel mínimo de protección) consideradas necesarias para
asegurar la sostenibilidad del Sistema y fortalecer, en todo el ámbito nacional, el desarrollo de la
Ley de Dependencia.
Alguna de estas propuestas fueron recogidas en el precitado Real Decreto 1050/2013, de 27 de
diciembre, cuyo objetivo principal era la regulación del nivel mínimo de protección garantizado por
la AGE, estableciendo tanto sus criterios de asignación como su forma y procedimiento de abono a
las CCAA.
De acuerdo con lo dispuesto en dicho Real Decreto la asignación de este nivel de financiación se
articula mediante un procedimiento de abono mensual -por parte del IMSERSO a las CCAA- de las
cantidades económicas obtenidas de la aplicación de las siguientes variables: número de
beneficiarios en situación de dependencia, grado de dependencia reconocido y número y tipo de
prestaciones reconocidas.
1. La primera de estas variables viene determinada por el número de personas beneficiarias en
situación de dependencia en cada CA que disponen de una prestación reconocida en la aplicación
informática SISAAD.
2. Con respecto al grado de dependencia reconocido, en virtud del artículo 22 del citado Real
Decreto-ley 20/2012 se modificó la anterior clasificación de la situación de dependencia basada en
grados y niveles, limitando la actual clasificación a una división en tres grados (Grado III -Gran
Dependencia-, Grado II –Dependencia Severa- y Grado I –Dependencia Moderada-), sin distinción
de niveles dentro de cada uno de ellos.
En la Disposición transitoria (DT) undécima del citado Real Decreto-ley 20/2012, se estableció que,
desde el 1 de agosto de 2012 y hasta que se regulasen reglamentariamente, las cuantías de la
asignación a las CCAA -en concepto de nivel mínimo de protección- serían las recogidas en dicha
DT (distinguiendo entre aquellos beneficiarios que tuviesen resolución de grado y nivel de
dependencia reconocido a la fecha de entrada en vigor del precitado Real Decreto-ley de aquellos
otros solicitantes que no tuvieran resolución de reconocimiento de la situación de dependencia a
dicha fecha).
Posteriormente, a partir del 1 de enero de 2014 (con la entrada en vigor del referido Real Decreto
1050/2013) las liquidaciones del nivel mínimo de protección comenzaron a efectuarse en función
del grado de dependencia reconocido al beneficiario, sin tomar en consideración el nivel de
dependencia reconocido en su momento.
En consecuencia, en el periodo 2012-2018 la cuantía mensual abonada por el IMSERSO a las
CCAA, en concepto de nivel mínimo de protección, por cada beneficiario registrado en la aplicación
informática SISAAD ha evolucionado como se recoge en el siguiente cuadro:
cve: BOE-A-2022-5909
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50089
de dependencia; mejora y adecuación de las prestaciones y servicios para garantizar la
sostenibilidad del Sistema; mejoras en el procedimiento y transparencia en la gestión; mejoras en
los sistemas de información; modificación del calendario de aplicación de la Ley de Dependencia y
nuevos criterios de asignación del nivel mínimo de protección) consideradas necesarias para
asegurar la sostenibilidad del Sistema y fortalecer, en todo el ámbito nacional, el desarrollo de la
Ley de Dependencia.
Alguna de estas propuestas fueron recogidas en el precitado Real Decreto 1050/2013, de 27 de
diciembre, cuyo objetivo principal era la regulación del nivel mínimo de protección garantizado por
la AGE, estableciendo tanto sus criterios de asignación como su forma y procedimiento de abono a
las CCAA.
De acuerdo con lo dispuesto en dicho Real Decreto la asignación de este nivel de financiación se
articula mediante un procedimiento de abono mensual -por parte del IMSERSO a las CCAA- de las
cantidades económicas obtenidas de la aplicación de las siguientes variables: número de
beneficiarios en situación de dependencia, grado de dependencia reconocido y número y tipo de
prestaciones reconocidas.
1. La primera de estas variables viene determinada por el número de personas beneficiarias en
situación de dependencia en cada CA que disponen de una prestación reconocida en la aplicación
informática SISAAD.
2. Con respecto al grado de dependencia reconocido, en virtud del artículo 22 del citado Real
Decreto-ley 20/2012 se modificó la anterior clasificación de la situación de dependencia basada en
grados y niveles, limitando la actual clasificación a una división en tres grados (Grado III -Gran
Dependencia-, Grado II –Dependencia Severa- y Grado I –Dependencia Moderada-), sin distinción
de niveles dentro de cada uno de ellos.
En la Disposición transitoria (DT) undécima del citado Real Decreto-ley 20/2012, se estableció que,
desde el 1 de agosto de 2012 y hasta que se regulasen reglamentariamente, las cuantías de la
asignación a las CCAA -en concepto de nivel mínimo de protección- serían las recogidas en dicha
DT (distinguiendo entre aquellos beneficiarios que tuviesen resolución de grado y nivel de
dependencia reconocido a la fecha de entrada en vigor del precitado Real Decreto-ley de aquellos
otros solicitantes que no tuvieran resolución de reconocimiento de la situación de dependencia a
dicha fecha).
Posteriormente, a partir del 1 de enero de 2014 (con la entrada en vigor del referido Real Decreto
1050/2013) las liquidaciones del nivel mínimo de protección comenzaron a efectuarse en función
del grado de dependencia reconocido al beneficiario, sin tomar en consideración el nivel de
dependencia reconocido en su momento.
En consecuencia, en el periodo 2012-2018 la cuantía mensual abonada por el IMSERSO a las
CCAA, en concepto de nivel mínimo de protección, por cada beneficiario registrado en la aplicación
informática SISAAD ha evolucionado como se recoge en el siguiente cuadro:
cve: BOE-A-2022-5909
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
