BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86

Lunes 11 de abril de 2022

Sec. III. Pág. 50086

nueva modalidad de protección que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del
sistema de la Seguridad Social.
De acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1, su objeto es “(…) regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la
garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para
todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español”.
En consecuencia, el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia se configura como un derecho basado en los principios de universalidad
y acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad, con independencia del lugar del territorio
del Estado español donde residan las personas, principio este último (igualdad) al que se refiere el
epígrafe III.2.2 de este Informe.
Entre los principios inspiradores de esta Ley regulados en su artículo 3 destacan los siguientes:
•

El carácter público de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD).

•

La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en
condiciones de igualdad efectiva y no discriminación.

•

La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para
garantizar la igualdad real.

•

La cooperación interadministrativa.

•

La integración de las prestaciones establecidas en la Ley en las redes de servicios
sociales de las CCAA, en el ámbito de las competencias que tienen asumidas, y el
reconocimiento y garantía de su oferta mediante criterios y servicios públicos o privados
concertados.

La aprobación de la Ley de Dependencia se enmarcó dentro de las competencias exclusivas
asignadas al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución Española, al preceptuar que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes
constitucionales”, regulándose en la precitada Ley las condiciones básicas de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación
del mencionado SAAD.

En este sentido el IMSERSO, como entidad gestora adscrita al citado departamento ministerial, de
acuerdo con lo establecido en el precitado Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, ostenta las
competencias relativas a “la elaboración, seguimiento y evaluación de las prestaciones y servicios
correspondientes a la situación de dependencia”, así como las derivadas del “control y seguimiento
de los créditos asignados a las prestaciones y servicios correspondientes a la situación de
dependencia”.
Por su parte, el artículo 148.1 de la Constitución Española preceptúa que “Las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: (…) 20.ª Asistencia social”.

cve: BOE-A-2022-5909
Verificable en https://www.boe.es

La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de atención a las personas en
situación de dependencia corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través
de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.