III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5909)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización relativo al seguimiento de las recomendaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el "Informe de fiscalización de la gestión económico financiera y de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia".
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50085
5. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
6. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
7. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
8. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
9. Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones
sociales públicas.
10. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
12. Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
13. Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
14. Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
15. Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia.
II.
EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
La situación de dependencia es definida en la Ley de Dependencia como “el estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
La promulgación de esta Ley5 supuso la configuración de un nuevo derecho subjetivo y universal
de la ciudadanía a ser atendida ante las situaciones de dependencia, configurándose como una
5
Su entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2007.
cve: BOE-A-2022-5909
Verificable en https://www.boe.es
II.1. INTRODUCCIÓN
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 50085
5. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
6. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
7. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
8. Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
9. Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el registro de prestaciones
sociales públicas.
10. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
12. Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
13. Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia.
14. Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
15. Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y
atención a la dependencia.
II.
EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
La situación de dependencia es definida en la Ley de Dependencia como “el estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
La promulgación de esta Ley5 supuso la configuración de un nuevo derecho subjetivo y universal
de la ciudadanía a ser atendida ante las situaciones de dependencia, configurándose como una
5
Su entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 2007.
cve: BOE-A-2022-5909
Verificable en https://www.boe.es
II.1. INTRODUCCIÓN
