III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5904)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones del Informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia, ejercicios 2007 a 2010.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022

Sec. III. Pág. 49483

contratos menores se comprueba que el plazo de ejecución no supere los 12 meses, mientras que,
para la tramitación de un incidente de ejecución de prórroga del plazo de ejecución de un contrato
no menor, se comprueba que en la fase de documentación previa se haya previsto la prórroga.
Independientemente de la implantación del sistema EXPCON, la APV ha mantenido operativa la
aplicación informática SEINVER desarrollada por Puertos del Estado, que es administrada por el
Departamento de Infraestructura de la APV, y mediante la que se gestiona la ejecución y extinción
contractual de las inversiones acometidas por la APV en sus distintas modalidades, materiales,
intangibles o financieras, y cuyos datos agregados se facilitan periódicamente a Puertos del Estado
de acuerdo con las competencias que tiene atribuidas sobre la materia.
De acuerdo con la información agregada que facilitan las bases de datos de contratación de la
APV, el volumen de contratación, incluidos contratos menores de cuantía comprendida entre
10.363 y 49.999 euros, se elevó de 17.282.715 euros en 2016 a 36.205.434 euros en 2017. La
contratación de la APV a través de un sistema de adjudicación representaba en 2016 un 77,28%
del importe contratado y un 13,13% en número de expedientes, suponiendo los contratos menores
el 22,72% en importe contratado y el 86,88% en número de expedientes. En el año 2017 la
contratación de la APV a través de un sistema de adjudicación representaba un 93,56% del importe
contratado y un 20,90% en número de expedientes, suponiendo los contratos menores el 6,44% en
importe contratado y el 79,10% en número de expedientes.
En total, excluidos contratos menores, se adjudicaron 21 contratos sujetos a la Ley 31/2007 por
importe de 36.958.500 euros y otros 77 sujetos a las instrucciones internas de contratación
aprobadas por la O.M.FOM/4003/2008, por importe de 10.269.939 euros. El 36% de los 47.228.439
euros a los que ascendió el importe adjudicado entre 2016 y 2017 correspondían a contratos de
obras, el 35% a contratos de suministros y el 29% a contratos de servicios.
Como se ha puesto de manifiesto en el subapartado I.3 de este Informe, en el que se resume el
marco jurídico de las actuaciones fiscalizadas, la Ley 31/2007 es de aplicación a los contratos
celebrados por los entes portuarios con la finalidad de desarrollar las actividades correspondientes
al sector de los puertos marítimos que figuran delimitadas en su artículo 12.b), que no estén
afectados por las exclusiones de los artículos 14 y 18 de dicha disposición, y que superen los
umbrales recogidos en su artículo 16. Con un presupuesto de ejecución de 46.486.363 euros, los
21 contratos adjudicados en 2016 y 2017 que figuraban encuadrados por la APV en el ámbito de
aplicación de la Ley 31/2007 cumplían con el requisito de importe, según el cual dicha disposición
ha de aplicarse a los contratos cuyo valor estimado (excluido IVA) sea igual o superior a 5.225.000
euros, en el caso de contratos de obra, y a 418.000 euros, tratándose de contratos de servicios y
suministros, conforme a la actualización que de estos límites llevó a cabo la Orden HAP/2846/2015,
de 29 de diciembre, con efectos de 1 de enero de 2016.
Los contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 31/2007 por no alcanzar los límites
establecidos en el artículo 16 de este texto legal, ni los umbrales de la regulación armonizada, se
regían por las disposiciones del TRLCSP aplicables a los contratos no sujetos a regulación
armonizada, así como por las instrucciones reguladoras de los procedimientos de contratación
elaboradas por Fomento, de obligado cumplimiento en el ámbito interno.
Con arreglo a las previsiones legales aplicables, los contratos sujetos a la Ley 31/2007 se
adjudicaron por la APV con carácter general por procedimiento abierto, procedimiento por el que se

cve: BOE-A-2022-5904
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