III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5904)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento e implementación de las recomendaciones del Informe de fiscalización de la actividad de la Autoridad Portuaria de Valencia, ejercicios 2007 a 2010.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 49467
euros por la póliza de crédito (9.218.315 euros de principal más intereses y 2.765.494 euros de
intereses de demora y costas).
En respuesta al procedimiento instado por la entidad bancaria, en el mes de noviembre de 2014 se
decretó el embargo judicial de 4.950.127 euros, de los saldos del Consorcio, importe del que se
liberaría 1 millón de euros en 2015 para atender pagos corrientes del Consorcio, aplicándose el
importe restante al pago de la deuda. En 2015 se procedería también al embargo de los derechos
de cobro que ostentaba el Consorcio frente al explotador del edificio Veles e Vents hasta el límite
de 4,2 millones (para el pago de principal) y 2,7 millones (para el pago de intereses y costas
estimados). Durante el ejercicio 2016 se decretó por el Juzgado la mejora del embargo mediante el
establecimiento de otras medidas complementarias solicitadas por la entidad bancaria sobre otras
rentas inmobiliarias percibidas por el Consorcio. En 2017 se desestimaron las medidas adicionales
de embargo solicitadas en diciembre de 2016, manteniendo retenido el Juzgado un saldo de
1.096.734 euros en la fecha de cierre del ejercicio 2017 pendiente de aplicar al pago de la deuda
del CV07 con la entidad financiera, que se elevaba a esa fecha a su vez a 67.301.175 euros:
53.336.387 euros por el derivado de cobertura, 4.491.659 euros por la póliza de crédito, más otros
9.473.129 euros en concepto de cuotas, intereses y demora de ambas operaciones.
La AEAT se ha personado, por su parte, en la causa judicial entre el Consorcio y la entidad
bancaria, presentando a trámite demanda de tercería de mejor derecho, para que los créditos que
ostentaba ante el Consorcio se situasen con carácter preferente sobre los del Banco. La demanda
fue admitida, manteniendo el Juzgado en depósito las cantidades recaudadas. En la Nota de
Hechos Posteriores de la Memoria de 2017 del CV07 se informa que por sentencia de fecha 8 de
enero de 2018 se había desestimado la demanda de tercería de mejor derecho interpuesta por la
Abogacía del Estado en nombre de la AEAT. Al no haberse presentado recurso, a finales de enero
de 2018 el Juzgado habría reiniciado las transferencias al Banco.
Ante esta situación, los informes de auditoría de las cuentas anuales de 2016 y 2017 emitidos por
la IGAE recogían sendos párrafos de énfasis, en los que se informa de la imposibilidad del CV07 de
hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos suscritos para su financiación y de la
tendencia, sostenida en el tiempo, de la disminución de su patrimonio neto. La incertidumbre en
relación con las aportaciones que habrían de realizar las Administraciones consorciadas y con el
resultado de los litigios con la entidad bancaria con la que se formalizó la operación de cobertura
condiciona por tanto la capacidad del Consorcio para poder continuar con su actividad y liquidar
sus pasivos, superiores a su activo real. El desenlace de estas circunstancias podría comportar que
el Consorcio dejara de actuar bajo el principio de empresa en funcionamiento y, como
consecuencia de ello, el valor de liquidación de sus activos y pasivos podría ser distinto al que
recogía en libros en 2016 y 2017.
La incertidumbre sobre la capacidad del Consorcio para poder continuar con su actividad se ha
recogido, igualmente, en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) del ejercicio
2017 aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de mayo de 2019, con el siguiente tenor
literal:
“El patrimonio neto del Consorcio Valencia 2007 es negativo por 283,5 millones de euros. A este
respecto cabe señalar que año tras año se vienen produciendo patrimonios negativos, lo que ha
ocasionado una disminución de dicho patrimonio respecto al de ejercicio 2014 del 30%. Tal y como
se ha puesto de manifiesto en anteriores DCGE, dicha tendencia provoca que la continuidad de la
actividad del citado Consorcio se vea seriamente comprometida, así como su capacidad para
cve: BOE-A-2022-5904
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 49467
euros por la póliza de crédito (9.218.315 euros de principal más intereses y 2.765.494 euros de
intereses de demora y costas).
En respuesta al procedimiento instado por la entidad bancaria, en el mes de noviembre de 2014 se
decretó el embargo judicial de 4.950.127 euros, de los saldos del Consorcio, importe del que se
liberaría 1 millón de euros en 2015 para atender pagos corrientes del Consorcio, aplicándose el
importe restante al pago de la deuda. En 2015 se procedería también al embargo de los derechos
de cobro que ostentaba el Consorcio frente al explotador del edificio Veles e Vents hasta el límite
de 4,2 millones (para el pago de principal) y 2,7 millones (para el pago de intereses y costas
estimados). Durante el ejercicio 2016 se decretó por el Juzgado la mejora del embargo mediante el
establecimiento de otras medidas complementarias solicitadas por la entidad bancaria sobre otras
rentas inmobiliarias percibidas por el Consorcio. En 2017 se desestimaron las medidas adicionales
de embargo solicitadas en diciembre de 2016, manteniendo retenido el Juzgado un saldo de
1.096.734 euros en la fecha de cierre del ejercicio 2017 pendiente de aplicar al pago de la deuda
del CV07 con la entidad financiera, que se elevaba a esa fecha a su vez a 67.301.175 euros:
53.336.387 euros por el derivado de cobertura, 4.491.659 euros por la póliza de crédito, más otros
9.473.129 euros en concepto de cuotas, intereses y demora de ambas operaciones.
La AEAT se ha personado, por su parte, en la causa judicial entre el Consorcio y la entidad
bancaria, presentando a trámite demanda de tercería de mejor derecho, para que los créditos que
ostentaba ante el Consorcio se situasen con carácter preferente sobre los del Banco. La demanda
fue admitida, manteniendo el Juzgado en depósito las cantidades recaudadas. En la Nota de
Hechos Posteriores de la Memoria de 2017 del CV07 se informa que por sentencia de fecha 8 de
enero de 2018 se había desestimado la demanda de tercería de mejor derecho interpuesta por la
Abogacía del Estado en nombre de la AEAT. Al no haberse presentado recurso, a finales de enero
de 2018 el Juzgado habría reiniciado las transferencias al Banco.
Ante esta situación, los informes de auditoría de las cuentas anuales de 2016 y 2017 emitidos por
la IGAE recogían sendos párrafos de énfasis, en los que se informa de la imposibilidad del CV07 de
hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos suscritos para su financiación y de la
tendencia, sostenida en el tiempo, de la disminución de su patrimonio neto. La incertidumbre en
relación con las aportaciones que habrían de realizar las Administraciones consorciadas y con el
resultado de los litigios con la entidad bancaria con la que se formalizó la operación de cobertura
condiciona por tanto la capacidad del Consorcio para poder continuar con su actividad y liquidar
sus pasivos, superiores a su activo real. El desenlace de estas circunstancias podría comportar que
el Consorcio dejara de actuar bajo el principio de empresa en funcionamiento y, como
consecuencia de ello, el valor de liquidación de sus activos y pasivos podría ser distinto al que
recogía en libros en 2016 y 2017.
La incertidumbre sobre la capacidad del Consorcio para poder continuar con su actividad se ha
recogido, igualmente, en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) del ejercicio
2017 aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 30 de mayo de 2019, con el siguiente tenor
literal:
“El patrimonio neto del Consorcio Valencia 2007 es negativo por 283,5 millones de euros. A este
respecto cabe señalar que año tras año se vienen produciendo patrimonios negativos, lo que ha
ocasionado una disminución de dicho patrimonio respecto al de ejercicio 2014 del 30%. Tal y como
se ha puesto de manifiesto en anteriores DCGE, dicha tendencia provoca que la continuidad de la
actividad del citado Consorcio se vea seriamente comprometida, así como su capacidad para
cve: BOE-A-2022-5904
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Núm. 86
