III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5903)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por AENA, SA, SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo, Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, SA, e Ingeniería y Economía del Transporte, S.M.E., M.P., SA, de las principales recomendaciones incluidas en los Informes de Fiscalización.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86

Lunes 11 de abril de 2022
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Tribunal de Cuentas

Además, la División de Recursos Humanos y Patrimonio es la encargada de controlar las masas
salariales de las entidades participadas mayoritariamente para su aprobación por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública. Y, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Fomento, SEPES ha
requerido a todas las sociedades participadas la elaboración de un modelo organizativo y de
gestión para la prevención de delitos penales de las personas jurídicas.
En el Anexo V se muestra el porcentaje y la valoración de todas las inversiones financieras de
SEPES a 31 de diciembre de los ejercicios 2011 y 2017 y la situación actual de estas. Su
participación en sociedades mercantiles y en entidades urbanísticas ha disminuido al cierre de los
trabajos de esta Fiscalización de 18 a 15 entidades, al haberse extinguido la SPA y SIGALSA y
haber vendido la participación del 5 % en el capital social de Centro Intermodal de Logística, S.A.
De las 15 entidades en las que SEPES posee participación, 2 entidades están sin actividad y 4 en
liquidación.
A continuación, se exponen los principales hitos acaecidos en algunas de las entidades
participadas por SEPES a la fecha de redacción de este Informe:
1.- Sociedad Pública de Alquiler S.A.U., en liquidación (SPA): Esta Sociedad fue constituida por
SEPES como único accionista en 2005, con un capital social de 20 millones de euros, con el objeto
de realizar, entre otras, actividades relacionadas con la dinamización del mercado de alquiler de
viviendas. Los recursos se agotaron rápidamente y SEPES tuvo que realizar aportaciones
económicas y préstamos participativos para mantener su equilibrio económico y financiero, por lo
que antes de que la Junta General de Accionistas acordase su disolución, SEPES había aportado a
esta Sociedad 43.170.000 euros.
La fase previa del proceso de liquidación consistió en desarrollar las actividades necesarias para
regularizar la situación societaria en el Registro Mercantil así como el progresivo cese de las
actividades ordinarias, disponiendo aún la Sociedad de oficinas y personal laboral.

A lo largo del ejercicio 2017 se resolvieron los cuatro procesos judiciales relativos a las
resoluciones de demandas presentadas por los propietarios de viviendas como consecuencia de la
resolución de los contratos de arrendamiento en el ejercicio 2009. Y el único proceso laboral que
quedaba pendiente con una antigua trabajadora, fue archivado definitivamente el 5 de febrero de
2018.
Durante el periodo que ha durado la liquidación, SEPES ha asumido todos los gastos del proceso,
ascendiendo a 11.014.375 euros, desembolsados como aportaciones económicas extraordinarias

cve: BOE-A-2022-5903
Verificable en https://www.boe.es

La fase de liquidación comenzó a finales de 2013 y ha concluido en el ejercicio 2018, al haber
finalizado completamente todas las relaciones jurídicas, procesales y económicas que estaban
pendientes y no contar con trabajadores en plantilla ni locales abiertos al público. En este periodo,
los principales problemas a los que se ha enfrentado el liquidador de la Sociedad han sido los 174
pleitos civiles sin resolver en el ejercicio 2012, archivados definitivamente en el año 2017; el
procedimiento penal vigente contra la Sociedad que fue archivado por el auto del Juzgado de
Instrucción de Arenas de Mar el 7 de enero de 2013; la resolución de convenios con otras
administraciones públicas, organismos y entes públicos (IVIMA, Junta Extremadura, Gobierno de
Aragón, Tesorería General de la Seguridad Social, Ayuntamiento de Las Palmas, etc.); y los juicios
laborales por los despidos de un colectivo de 15 empleados que impugnaron ante la Jurisdicción
Laboral su despido en el marco de un Expediente de Regulación de Empleo y que finalizaron en el
ejercicio 2014 al dictarse las sentencias desestimatorias; y la impugnación del despido de la ex
Directora General que concluyó con una condena a la Sociedad.