I. Disposiciones generales. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. Reto demográfico y territorial. (BOE-A-2022-5853)
Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. I. Pág. 49046
Los poderes públicos tienen el deber constitucional de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En este marco constitucional, el reto demográfico demanda una respuesta integral y
transversal, que abarque todos los ámbitos afectados, y un modelo de gobernanza
compartido y multinivel, en el que participen desde las entidades locales hasta la Unión
Europea. Aún más, en esa política de estado en materia demográfica debe haber una
implicación de la sociedad civil, a través de una alianza entre lo público y lo privado.
II
Extremadura inició su senda para afrontar el desafío demográfico y el desequilibrio
territorial con el Informe de Posición elaborado en 2018 desde Presidencia de la Junta de
Extremadura, por medio del cual se configuraron las bases para implementar el referido
fenómeno en la agenda política de la administración autonómica.
A finales de 2019 se constituyó la Comisión Interdepartamental de Población, como
órgano encargado de coordinar todas las políticas de la Junta de Extremadura con
incidencia demográfica y proponer el desarrollo de procedimientos y medidas con
incorporación de la perspectiva demográfica.
Esta línea de acción culminará con la aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Estrategia ante al Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, en cuyo proceso de
gestación se ha contado con la colaboración de la Universidad de Extremadura, y en el
que se ha fomentado la participación de los agentes económicos y sociales de la región,
especialmente de aquellos orientados al desarrollo rural como los Grupos de Acción
Local, y de la sociedad extremeña en su conjunto.
Por su parte, el Gobierno de España aprobó en 2019 las Directrices Generales de la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con carácter global y transversal, desde
una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos
ministeriales, centrando la Estrategia en tres aspectos demográficos: despoblación,
envejecimiento y efectos de la población flotante.
En la actualidad, se está elaborando la Estrategia Nacional 2030 frente al Reto
Demográfico, documento compartido y comprometido con las Comunidades Autónomas,
que pretende ser un Pacto de Estado con vocación de permanencia.
Como antecedente normativo a esta política orientada, en cierto modo, a abordar el
desafío demográfico cabría citar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, dictada al amparo de la competencia exclusiva estatal sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sienta las
bases de la política de desarrollo rural en España, persigue la mejora de la situación
socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios
públicos suficientes y de calidad, a través de una mayor integración territorial de las
zonas rurales, propiciando una relación de complementariedad entre el medio rural y el
urbano, y fomentando su desarrollo sostenible.
A su vez, la Unión Europea ha reconocido la trascendencia y el impacto de la
transición demográfica, en paralelo a las transiciones verde y digital, y recientemente ha
impulsado la elaboración de documentos y estrategias de referencia a nivel europeo en
este ámbito, tales como el Informe de la Comisión Europea sobre el impacto del cambio
demográfico, la Agenda Territorial 2030, el Libro Verde sobre el envejecimiento o la
Visión a largo plazo para las zonas rurales.
La Comisión Europea ha manifestado la necesidad de incluir la consideración
demográfica en todas las políticas de la UE, empleando para ello todos los instrumentos
a su alcance, en especial, su marco financiero plurianual junto con el instrumento
temporal concebido para la recuperación: Next Generation EU.
cve: BOE-A-2022-5853
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. I. Pág. 49046
Los poderes públicos tienen el deber constitucional de promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En este marco constitucional, el reto demográfico demanda una respuesta integral y
transversal, que abarque todos los ámbitos afectados, y un modelo de gobernanza
compartido y multinivel, en el que participen desde las entidades locales hasta la Unión
Europea. Aún más, en esa política de estado en materia demográfica debe haber una
implicación de la sociedad civil, a través de una alianza entre lo público y lo privado.
II
Extremadura inició su senda para afrontar el desafío demográfico y el desequilibrio
territorial con el Informe de Posición elaborado en 2018 desde Presidencia de la Junta de
Extremadura, por medio del cual se configuraron las bases para implementar el referido
fenómeno en la agenda política de la administración autonómica.
A finales de 2019 se constituyó la Comisión Interdepartamental de Población, como
órgano encargado de coordinar todas las políticas de la Junta de Extremadura con
incidencia demográfica y proponer el desarrollo de procedimientos y medidas con
incorporación de la perspectiva demográfica.
Esta línea de acción culminará con la aprobación por el Consejo de Gobierno de la
Estrategia ante al Reto Demográfico y Territorial de Extremadura, en cuyo proceso de
gestación se ha contado con la colaboración de la Universidad de Extremadura, y en el
que se ha fomentado la participación de los agentes económicos y sociales de la región,
especialmente de aquellos orientados al desarrollo rural como los Grupos de Acción
Local, y de la sociedad extremeña en su conjunto.
Por su parte, el Gobierno de España aprobó en 2019 las Directrices Generales de la
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con carácter global y transversal, desde
una perspectiva multidisciplinar y con la participación de todos los departamentos
ministeriales, centrando la Estrategia en tres aspectos demográficos: despoblación,
envejecimiento y efectos de la población flotante.
En la actualidad, se está elaborando la Estrategia Nacional 2030 frente al Reto
Demográfico, documento compartido y comprometido con las Comunidades Autónomas,
que pretende ser un Pacto de Estado con vocación de permanencia.
Como antecedente normativo a esta política orientada, en cierto modo, a abordar el
desafío demográfico cabría citar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, dictada al amparo de la competencia exclusiva estatal sobre
las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sienta las
bases de la política de desarrollo rural en España, persigue la mejora de la situación
socioeconómica de la población de las zonas rurales y el acceso a unos servicios
públicos suficientes y de calidad, a través de una mayor integración territorial de las
zonas rurales, propiciando una relación de complementariedad entre el medio rural y el
urbano, y fomentando su desarrollo sostenible.
A su vez, la Unión Europea ha reconocido la trascendencia y el impacto de la
transición demográfica, en paralelo a las transiciones verde y digital, y recientemente ha
impulsado la elaboración de documentos y estrategias de referencia a nivel europeo en
este ámbito, tales como el Informe de la Comisión Europea sobre el impacto del cambio
demográfico, la Agenda Territorial 2030, el Libro Verde sobre el envejecimiento o la
Visión a largo plazo para las zonas rurales.
La Comisión Europea ha manifestado la necesidad de incluir la consideración
demográfica en todas las políticas de la UE, empleando para ello todos los instrumentos
a su alcance, en especial, su marco financiero plurianual junto con el instrumento
temporal concebido para la recuperación: Next Generation EU.
cve: BOE-A-2022-5853
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
