I. Disposiciones generales. JEFATURA DEL ESTADO. Residuos y suelos contaminados. (BOE-A-2022-5809)
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
156 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 85
Sábado 9 de abril de 2022
Anexo XVI.
Sec. I. Pág. 48584
Toma de muestras y análisis.
PREÁMBULO
I
El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al
mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana
y el medio ambiente. Asimismo y en consonancia con los principios que rigen la economía
circular, dicha política debe tener también por objeto hacer un uso eficiente de los recursos,
con una apuesta estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas, así
como la implicación y compromiso del conjunto de los agentes económicos y sociales.
Entre los principales impactos de los residuos sobre el medio ambiente, el cambio
climático y las basuras marinas son los principales focos de preocupación actual. Por lo
que se refiere a la incidencia de los residuos en el cambio climático, estos suponen una
fuente difusa de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente debido al
metano emitido en vertederos que contienen residuos biodegradables. Si bien su
contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero se mantiene en porcentajes
en torno al cuatro por ciento, esta se puede reducir de forma significativa promoviendo,
por ejemplo, políticas que eviten el depósito de residuos biodegradables en vertedero.
Adicionalmente, la gestión sostenible de residuos ayuda a otros sectores económicos a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes
atmosféricos. Por otra parte, la correcta gestión de los residuos evita que estos acaben
en el medio marino, lo que contribuye positivamente a la consecución de los objetivos
enmarcados en las estrategias marinas para la protección y la conservación del medio
ambiente marino. En lo que respecta al uso eficiente de los recursos, en España la
gestión de residuos todavía descansa preponderantemente en el vertedero, con lo que
una política de residuos que aplique rigurosamente el principio de jerarquía contribuirá a
una mayor sostenibilidad, así como a la implantación de modelos económicos circulares.
La Ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la
legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el
cambio climático y proteger el medio marino. Se contribuye así al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y en particular a los
objetivos 12 –producción y consumo sostenibles–, 13 –acción por el clima- y 14 –vida
submarina–. Asimismo, en el ámbito de su contribución a la lucha contra el cambio
climático, esta ley es coherente con la planificación en materia de energía y clima.
Por otro lado, la política de residuos contribuye a la creación de empleo en
determinados sectores, como los vinculados a la preparación para la reutilización y el
reciclado, por lo que la ley también contribuye a la creación y consolidación del empleo
en el sector de la gestión de residuos.
Con el ánimo de transformar la Unión Europea en una «sociedad del reciclado» y
contribuir a la lucha contra el cambio climático, se aprobó en 2008 la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (en
adelante, Directiva Marco de residuos). Esta nueva directiva estableció el principio de
jerarquía de residuos como instrumento clave que permitía disociar la relación existente
entre el crecimiento económico y la producción de residuos. Dicho principio explicita el
orden de prioridad en las actuaciones en materia de residuos: prevención de residuos,
preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización incluida la
energética y por último, la eliminación de los residuos.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados incorporó al
ordenamiento jurídico interno la Directiva Marco de residuos, a la vez que revisó la
regulación en la materia existente en España que databa del año 1998.
cve: BOE-A-2022-5809
Verificable en https://www.boe.es
II
Núm. 85
Sábado 9 de abril de 2022
Anexo XVI.
Sec. I. Pág. 48584
Toma de muestras y análisis.
PREÁMBULO
I
El primer objetivo de cualquier política en materia de residuos debe ser reducir al
mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana
y el medio ambiente. Asimismo y en consonancia con los principios que rigen la economía
circular, dicha política debe tener también por objeto hacer un uso eficiente de los recursos,
con una apuesta estratégica decidida del conjunto de las administraciones públicas, así
como la implicación y compromiso del conjunto de los agentes económicos y sociales.
Entre los principales impactos de los residuos sobre el medio ambiente, el cambio
climático y las basuras marinas son los principales focos de preocupación actual. Por lo
que se refiere a la incidencia de los residuos en el cambio climático, estos suponen una
fuente difusa de emisión de gases de efecto invernadero, principalmente debido al
metano emitido en vertederos que contienen residuos biodegradables. Si bien su
contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero se mantiene en porcentajes
en torno al cuatro por ciento, esta se puede reducir de forma significativa promoviendo,
por ejemplo, políticas que eviten el depósito de residuos biodegradables en vertedero.
Adicionalmente, la gestión sostenible de residuos ayuda a otros sectores económicos a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes
atmosféricos. Por otra parte, la correcta gestión de los residuos evita que estos acaben
en el medio marino, lo que contribuye positivamente a la consecución de los objetivos
enmarcados en las estrategias marinas para la protección y la conservación del medio
ambiente marino. En lo que respecta al uso eficiente de los recursos, en España la
gestión de residuos todavía descansa preponderantemente en el vertedero, con lo que
una política de residuos que aplique rigurosamente el principio de jerarquía contribuirá a
una mayor sostenibilidad, así como a la implantación de modelos económicos circulares.
La Ley tiene por objeto sentar los principios de la economía circular a través de la
legislación básica en materia de residuos, así como contribuir a la lucha contra el
cambio climático y proteger el medio marino. Se contribuye así al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030 y en particular a los
objetivos 12 –producción y consumo sostenibles–, 13 –acción por el clima- y 14 –vida
submarina–. Asimismo, en el ámbito de su contribución a la lucha contra el cambio
climático, esta ley es coherente con la planificación en materia de energía y clima.
Por otro lado, la política de residuos contribuye a la creación de empleo en
determinados sectores, como los vinculados a la preparación para la reutilización y el
reciclado, por lo que la ley también contribuye a la creación y consolidación del empleo
en el sector de la gestión de residuos.
Con el ánimo de transformar la Unión Europea en una «sociedad del reciclado» y
contribuir a la lucha contra el cambio climático, se aprobó en 2008 la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (en
adelante, Directiva Marco de residuos). Esta nueva directiva estableció el principio de
jerarquía de residuos como instrumento clave que permitía disociar la relación existente
entre el crecimiento económico y la producción de residuos. Dicho principio explicita el
orden de prioridad en las actuaciones en materia de residuos: prevención de residuos,
preparación para la reutilización, reciclado, otros tipos de valorización incluida la
energética y por último, la eliminación de los residuos.
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados incorporó al
ordenamiento jurídico interno la Directiva Marco de residuos, a la vez que revisó la
regulación en la materia existente en España que databa del año 1998.
cve: BOE-A-2022-5809
Verificable en https://www.boe.es
II
