BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 27 de octubre de 2021

Sec. I. Pág. 130306

Pero, en tanto estas reformas normativas tienen lugar, resulta imprescindible
implementar nuevas medidas que logren mitigar los efectos indeseables de la escalada
de precios antes referida en los consumidores finales, y especialmente en aquellos en
situación de vulnerabilidad energética.
II
El bono social de electricidad se configura como un descuento en la factura eléctrica,
y se encuentra regulado en el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se
regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección
para los consumidores domésticos de energía eléctrica. En concreto, dicho descuento
corresponde con un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores
vulnerables severos, respectivamente, debiendo acreditarse los requisitos establecidos
en el artículo 3 del referido real decreto para poder acceder a dichos descuentos.
A su vez, el bono social se constituye como un descuento en factura sobre el PVPC,
que actualmente se configura como un precio regulado ligado a los precios mayoristas
de electricidad, en la medida en que su estructura incorpora las señales de precio horario
de casación en los mercados diario e intradiario, por lo que los consumidores en
situación de vulnerabilidad energética están siendo uno de los colectivos más
perjudicados por la escalada de precios del mercado mayorista, en tanto que su
valoración se traslada de manera directa e inmediata en las facturas finales de
electricidad de dichos consumidores domésticos.
Es por ello que, en tanto se siguen promoviendo reformas de marcado carácter
estructural, tales como la integración de nuevas instalaciones de energías renovables
que permitirán reducir los precios de casación mayorista, o la propia reforma del PVPC
antes mencionada que, eventualmente, podría introducir señales de plazo
estabilizadoras del referido precio regulado, resulta imprescindible articular instrumentos
de protección que salvaguarden el bienestar de aquellos colectivos que más lo
necesitan.
Si bien el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, creó el denominado
suministro mínimo vital, por medio del cual se ha ampliado el número de meses (a un
total de seis) que deberán transcurrir desde el momento del primer impago de la factura
de electricidad, hasta que el comercializador pueda solicitar a la distribuidora eléctrica el
corte de suministro, se hace imprescindible seguir ahondando en medidas de protección
energética en tanto la coyuntura de precios mayoristas se siga prolongando.
A tal efecto, mediante este real decreto-ley se procede a incrementar, hasta el 31 de
marzo de 2022, los descuentos del bono social eléctrico desde el 40 hasta el 70% para
los consumidores vulnerables severos y desde el 25 al 60 % en los consumidores
vulnerables. Esta medida contribuirá a aliviar el peso de la factura eléctrica a más de un
millón doscientos mil hogares.
III
La política de lucha contra la pobreza energética cuenta desde el año 2018 con el
bono social térmico. A diferencia del bono social eléctrico, el bono social térmico se
configura como un programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la
pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía
destinada a usos térmicos, tales como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Una
medida protectora basada en una ayuda económica directamente dispensada sobre los
consumidores vulnerables con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El bono social térmico se creó mediante el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores, adhiriéndose a los principios reformadores que se formulan en la
Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Por consiguiente, mediante
este real decreto-ley, se persigue una mejora de la protección de los consumidores más

cve: BOE-A-2021-17458
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Núm. 257