BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 27 de octubre de 2021

Sec. I. Pág. 130278

alcanzado los efectos positivos de la reactivación económica que se está
experimentando.
Asimismo, estas medidas de apoyo complementan a las adoptadas por el Real
Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión
del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua, en el contexto actual de
precios de la energía eléctrica, mediante la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido,
que afecta en mayor medida a los hogares con menor renta, entre los que se encuentran
tanto los consumidores vulnerables del régimen ordinario, como los que se han acogido
a las medidas adoptadas por los citados reales decretos-leyes durante la situación
sanitaria que aún se mantiene.
Ante esta coyuntura económica de transición y la evolución reciente de la cotización
de las materias primas y los derechos de emisión de CO2 en el mercado europeo que
tienen su repercusión en los precios finales de la energía eléctrica, con especial énfasis
en los colectivos más vulnerables, se considera justificada la extraordinaria y urgente
necesidad que permite la articulación de las medidas previstas en el artículo primero del
presente real decreto-ley, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española
y, por consiguiente, la ampliación del período de prestación del descuento del bono
social y la garantía de suministro a los consumidores vulnerables de agua, electricidad y
gas natural hasta el 28 de febrero de 2022.
En otro orden de cosas, la situación socioeconómica de un país, y muy
especialmente en los tiempos de crisis extraordinarias como la provocada por la
pandemia de COVID-19, también incide de manera directa en su actividad judicial, de ahí
que un análisis adecuado de los datos de los órganos jurisdiccionales permita inferir el
impacto socioeconómico de las medidas incluidas hasta ahora en el denominado escudo
social, que tienden a la protección de las capas más vulnerables de la ciudadanía.
Así, ante este contexto, se han venido aprobando diferentes reales decretos-leyes
que han adoptado diversas medidas orientadas a paliar los graves perjuicios sociales y
económicos provocados a la población por la pandemia. En concreto, la suspensión de
los desahucios se incluyó en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo de 2020, y se
proyecta hasta el 31 de octubre de 2021.
Los datos obtenidos de los boletines estadísticos del Consejo General del Poder
Judicial permiten concluir que las medidas adoptadas en el año 2020 supusieron una
disminución de las cifras de lanzamientos.
En efecto, respecto de las ejecuciones hipotecarias, en el año 2020 ha continuado la
reducción de ejecuciones hipotecarias del año 2019. Así, en el primer trimestre de 2020
se produjo una disminución del 8,6 %, que fue del 12,6 % en el segundo trimestre, en
relación con los respectivos trimestres del año anterior.
En cuanto a los lanzamientos practicados, tanto los derivados de ejecuciones
hipotecarias como los derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos
Urbanos o de ocupaciones de viviendas en precario, se han visto significativamente
reducidos en los dos primeros trimestres del año 2020 respecto a los mismos trimestres
del año anterior, con decrecimientos del 45,1 % y del 92,1 % en el caso de ejecuciones
hipotecarias, y del 33,1 % y del 89,8 % en el caso de los lanzamientos derivados de la
Ley de Arrendamientos Urbanos o de los juicios de desahucio por precario. El número de
lanzamientos practicados derivados de ejecuciones hipotecarias en el segundo trimestre
de 2020 fue de tan solo 300 lanzamientos, cuando el número de lanzamientos del
segundo trimestre de 2019 alcanzó los 3.812, lo que representa casi trece veces la cifra
del siguiente año, el de la pandemia de COVID-19 y la adopción de las consiguientes
medidas de protección social.
Respecto a los datos de los lanzamientos que se obtienen de los Servicios Comunes
de Notificaciones y Embargos, en el primer trimestre de 2020 se redujeron un 26,8% y en
el segundo trimestre un 62,6 % respecto de los mismos trimestres del año 2019,
mientras que los lanzamientos con cumplimiento positivo, es decir, todos aquellos en los
que las personas demandadas se veían obligadas efectivamente al abandono de la

cve: BOE-A-2021-17456
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