BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 1 de octubre de 2020

Sec. III. Pág. 83227

Si bien es cierto que la incidencia de COVID-19 en un territorio no es el único
indicador para valorar el riesgo poblacional y que las propuestas de actuación deben
considerar también criterios de transmisión, de gravedad de la enfermedad, de
capacidad de detección precoz y del sistema asistencial, de disponibilidad y aplicación
de medidas de control de la transmisión y de protección de grupos vulnerables, también
es cierto que la incidencia es un indicador prioritario, reconocido y recomendado por
organismos internacionales, que permite valorar la efectividad de las medidas de control
implementadas.
Una tasa de incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes puede
considerarse un indicador de alto riesgo de transmisión descontrolada en el territorio
afectado y, por lo tanto, se debe garantizar un alto nivel de capacidad de detección,
control de la transmisión y refuerzo asistencial para evitar un gran impacto en la
población y, en particular, en los grupos más vulnerables. La concurrencia de una tasa
superior a la señalada demuestra que tanto las medidas de control como las de refuerzo
de capacidades, no han logrado alcanzar en los territorios afectados por esa incidencia
el efecto deseado para hacer frente a la evolución ascendente de la curva epidémica. En
particular, una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes, que
duplica la considerada de alto riesgo, permite establecer un umbral significativamente
elevado a partir del cual puede calificarse la situación como extrema, y da perfecta
cuenta de la enorme gravedad de la propagación de la enfermedad en las unidades
territoriales que la experimentan. A partir de este umbral, resulta imprescindible la
adopción con urgencia de medidas de choque dirigidas a tratar de controlar en el menor
tiempo posible la situación extrema generada. Todo ello, sin perjuicio de recordar la
conveniencia de actuar en todo caso con medidas proporcionales de intensidad variable
desde el momento mismo en que la incidencia sobrepasa las tasas establecidas por los
organismos internacionales en sus recomendaciones.
De esta manera, incidencias superiores a las mencionadas en el párrafo anterior en
núcleos poblacionales grandes, con más volumen de intercambio de personas con otras
zonas de la comunidad autónoma o del país, reducen substancialmente la capacidad de
control de la transmisión, haciendo necesaria la implementación de medidas más
severas. El control de la transmisión en estos núcleos poblacionales en situación de muy
alto riesgo tendría además un impacto beneficioso importante en el resto del territorio.
En la actualidad hay en España 11 municipios de más de 100.000 habitantes, que
incluyen 4.988.601 habitantes, con tasas de incidencia superiores a los 500 casos
por 100.000 habitantes. La tasa promedio de estos municipios es de 892 casos
por 100.000 en los 14 días valorados, más de tres veces la incidencia nacional, si bien la
situación de estos territorios no es homogénea en términos de capacidad diagnóstica y
asistencial. Esta incidencia representa un total de 44.518 casos notificados en estos 11
municipios en un periodo de 14 días, aproximadamente un 33 % del total de casos
notificados en toda España en ese periodo. Estas cifras no incluyen la transmisión que
estos casos han podido generar en otros territorios.
Esta situación conlleva un impacto importante en los sistemas asistenciales tanto de
atención primaria como hospitalarios, que ya tienen ocupaciones de camas en unidades
de cuidados intensivos del 18% a nivel nacional, con cinco comunidades autónomas que
superan ya el 25 % y una por encima del 40 %. Dado que el impacto en UCI se
incrementa y mantiene hasta dos y tres semanas después del máximo pico de
transmisión, el esfuerzo de control se debe mantener más allá del punto de inflexión de
la curva epidémica para reducir suficientemente el impacto en el sistema sanitario.
Otro de los indicadores que establece el Centro Europeo para la Prevención y
Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés) como indicador de tendencia
preocupante en su último informe, es el porcentaje de resultados positivos en el total de
pruebas de diagnóstico de infección activa realizados, señalando como riesgo cuando
este porcentaje es mayor o igual al 3 %.
En este contexto, es necesario coordinar a nivel general medidas de control que
garanticen la homogeneidad suficiente para afrontar las situaciones extremas

cve: BOE-A-2020-11590
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Núm. 260