III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE SANIDAD. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (BOE-A-2020-11590)
Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 1 de octubre de 2020
Sec. III. Pág. 83226
de la vacunación. De esta manera se pretende impulsar la consecución de los objetivos
fijados para esta campaña.
Finalmente, el pasado día 9 de septiembre, el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud acordó que fueran declaradas nuevas actuaciones coordinadas para
garantizar la aplicación correcta y equitativa de las medidas de prevención que estarán
disponibles en los próximos meses, como la vacuna frente a la COVID-19, así como la
realización de tres nuevas rondas del Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID.
Asimismo, se acordaron actuaciones en relación con los cribados en asintomáticos, los
cuales deben realizarse cuando se estime necesario y siempre bajo el criterio de la
unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma, recomendándose que,
siempre que sea posible, las pruebas a utilizar en los cribados sean aquellas en las que
el proceso de validación se haya realizado en colaboración con el Instituto de Salud
Carlos III y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Finalmente,
se acordaron medidas y recomendaciones para reforzar la coordinación con las
Entidades Locales.
La necesidad y oportunidad de adoptar estas medidas conjuntas se considera
siempre a partir del seguimiento continuo que el Ministerio de Sanidad, en coordinación
con las comunidades y ciudades autónomas, realiza de la evolución del virus y de su
impacto en la capacidad de los sistemas sanitarios autonómicos, con el fin de detectar y
actuar ante brotes o escenarios de transmisión comunitaria, y con el objetivo último de
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la
enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.
Dentro de esta tarea de seguimiento continuo de la evolución de la epidemia, se
viene observando en las últimas semanas una situación de transmisión comunitaria en
diversos territorios del SARS-Cov-2 y un aumento significativo de las tasas de
hospitalización e ingresos en unidades de cuidados intensivos. Por este motivo, además
de las medidas de prevención y protección individuales y colectivas ya establecidas, es
necesario considerar la implementación de medidas más estrictas que permitan facilitar
el control de la epidemia en aquellos territorios más afectados por la misma.
En ausencia de una vacuna segura y eficaz para proteger a la población, las medidas
no farmacológicas o medidas de distanciamiento social son las intervenciones de salud
pública más eficaces contra los riesgos del COVID-19. Para maximizar su efectividad
deben implementarse conjuntamente una serie de medidas de forma simultánea y
asegurar las capacidades que permitan detectar y actuar ante los casos.
El objetivo de las medidas de distanciamiento social, tanto en espacios públicos
como privados, y de restricción de la movilidad es disminuir o interrumpir la transmisión
del SARS-Cov-2 para proteger especialmente a aquellos grupos vulnerables con mayor
riesgo y evitar superar la capacidad de atención del sistema sanitario.
Es recomendable que estas medidas más estrictas se dirijan específicamente a
aquellos territorios o zonas geográficas con mayor propagación, en los que las medidas
adoptadas en el marco del Plan de Respuesta Temprana y otros protocolos de actuación
no han dado el resultado esperado. Todo ello con la finalidad de lograr el mayor beneficio
para la salud pública y minimizar el impacto social y económico para el conjunto de la
población.
Medidas similares ya fueron implementadas en el país en fases anteriores de la
epidemia y se observaron útiles. Estas intervenciones son acordes con las orientaciones
de la Organización Mundial de la Salud.
La incidencia de COVID-19 en España en la última semana ha superado los 250
casos por 100.000 habitantes (con un rango entre las diferentes comunidades
autónomas que oscila desde 107 a 784 casos por 100.000, a día 29 de septiembre), muy
por encima de las tasas propuestas en la Unión Europea para países de riesgo (60
casos por 100.000 habitantes). Esta incidencia observada además de no ser homogénea
entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del territorio de cada una de
ellas, viéndose esta tasa influenciada, en muchos casos, por municipios con incidencias
muy superiores a la media de la Comunidad Autónoma.
cve: BOE-A-2020-11590
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 260
Jueves 1 de octubre de 2020
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de la vacunación. De esta manera se pretende impulsar la consecución de los objetivos
fijados para esta campaña.
Finalmente, el pasado día 9 de septiembre, el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud acordó que fueran declaradas nuevas actuaciones coordinadas para
garantizar la aplicación correcta y equitativa de las medidas de prevención que estarán
disponibles en los próximos meses, como la vacuna frente a la COVID-19, así como la
realización de tres nuevas rondas del Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID.
Asimismo, se acordaron actuaciones en relación con los cribados en asintomáticos, los
cuales deben realizarse cuando se estime necesario y siempre bajo el criterio de la
unidad de Salud Pública de la comunidad o ciudad autónoma, recomendándose que,
siempre que sea posible, las pruebas a utilizar en los cribados sean aquellas en las que
el proceso de validación se haya realizado en colaboración con el Instituto de Salud
Carlos III y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Finalmente,
se acordaron medidas y recomendaciones para reforzar la coordinación con las
Entidades Locales.
La necesidad y oportunidad de adoptar estas medidas conjuntas se considera
siempre a partir del seguimiento continuo que el Ministerio de Sanidad, en coordinación
con las comunidades y ciudades autónomas, realiza de la evolución del virus y de su
impacto en la capacidad de los sistemas sanitarios autonómicos, con el fin de detectar y
actuar ante brotes o escenarios de transmisión comunitaria, y con el objetivo último de
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la
enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.
Dentro de esta tarea de seguimiento continuo de la evolución de la epidemia, se
viene observando en las últimas semanas una situación de transmisión comunitaria en
diversos territorios del SARS-Cov-2 y un aumento significativo de las tasas de
hospitalización e ingresos en unidades de cuidados intensivos. Por este motivo, además
de las medidas de prevención y protección individuales y colectivas ya establecidas, es
necesario considerar la implementación de medidas más estrictas que permitan facilitar
el control de la epidemia en aquellos territorios más afectados por la misma.
En ausencia de una vacuna segura y eficaz para proteger a la población, las medidas
no farmacológicas o medidas de distanciamiento social son las intervenciones de salud
pública más eficaces contra los riesgos del COVID-19. Para maximizar su efectividad
deben implementarse conjuntamente una serie de medidas de forma simultánea y
asegurar las capacidades que permitan detectar y actuar ante los casos.
El objetivo de las medidas de distanciamiento social, tanto en espacios públicos
como privados, y de restricción de la movilidad es disminuir o interrumpir la transmisión
del SARS-Cov-2 para proteger especialmente a aquellos grupos vulnerables con mayor
riesgo y evitar superar la capacidad de atención del sistema sanitario.
Es recomendable que estas medidas más estrictas se dirijan específicamente a
aquellos territorios o zonas geográficas con mayor propagación, en los que las medidas
adoptadas en el marco del Plan de Respuesta Temprana y otros protocolos de actuación
no han dado el resultado esperado. Todo ello con la finalidad de lograr el mayor beneficio
para la salud pública y minimizar el impacto social y económico para el conjunto de la
población.
Medidas similares ya fueron implementadas en el país en fases anteriores de la
epidemia y se observaron útiles. Estas intervenciones son acordes con las orientaciones
de la Organización Mundial de la Salud.
La incidencia de COVID-19 en España en la última semana ha superado los 250
casos por 100.000 habitantes (con un rango entre las diferentes comunidades
autónomas que oscila desde 107 a 784 casos por 100.000, a día 29 de septiembre), muy
por encima de las tasas propuestas en la Unión Europea para países de riesgo (60
casos por 100.000 habitantes). Esta incidencia observada además de no ser homogénea
entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del territorio de cada una de
ellas, viéndose esta tasa influenciada, en muchos casos, por municipios con incidencias
muy superiores a la media de la Comunidad Autónoma.
cve: BOE-A-2020-11590
Verificable en https://www.boe.es
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