Disposiciones generales. . (2020/127-5)
Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030.
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Número 127 - Viernes, 3 de julio de 2020
página 122
primera vivienda. Así, el referido informe del Banco de España sitúa a Málaga con una
de las tasas más elevadas de crecimiento desde diciembre de 2013 a mayo de 2019,
aproximadamente un 45 por ciento.
En este acceso encuentran especial dificultad las personas que han perdido la vivienda
en la que residían debido a un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio
por falta de pago de las rentas del alquiler. La evolución del número de lanzamientos
practicados derivados de ejecución hipotecaria manifiesta una tendencia decreciente y ha
representado en 2018 un 20,74 por ciento menos que en el año 2017 y un 28,47 por ciento
menos que en el año 2015. Esta tendencia sigue descendiente en el tercer trimestre de
2019, con un 25 por ciento menos que en el mismo período de 2018 en Andalucía, y un 26
por ciento menos a nivel nacional.
Sin embargo, esto no sucede con los lanzamientos derivados del impago de alquiler,
que con 5.093 lanzamientos durante el año 2018 en nuestra Comunidad Autónoma,
supone un aumento de un 8,1 por ciento respecto del año anterior, y un porcentaje del
13,96 más respecto del año 2015. En el tercer trimestre del año 2019, y comparando con
el mismo periodo del año anterior, ha aumentado en valores absolutos de 1.034 a 1.046
lanzamientos.
Esta situación puede verse agravada por la emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19, elevada a pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud
el día 11 de marzo de 2020. La necesidad de adopción de las medidas extraordinarias
requeridas para hacer frente a esta coyuntura y contener la progresión de la enfermedad,
provocó la declaración del estado de alarma establecido en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, estado que ha sido objeto de sucesivas prórrogas.
Las medidas extraordinarias adoptadas han contribuido a una ralentización de
la actividad económica del país, con la pérdida temporal o definitiva de empleos y la
situación de disminución de ingresos de muchas familias, que conlleva en muchos casos
vulnerabilidad residencial.
Tanto por parte del Gobierno de la Nación como del Consejo de Gobierno andaluz
se han tomado medidas y establecido las estrategias necesarias para recuperar el pulso
económico lo antes posible, contribuir a la recuperación económica de las familias y dar
respuesta a las necesidades en materia de vivienda de los andaluces que se han visto
afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.
Debemos mencionar en el ámbito que nos ocupa, el Decreto-Ley 6/2020, de 30 de
marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes
en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus COVID-19, que agiliza los procedimientos para lograr el pronto pago
de las ayudas al alquiler; el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19, que dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos
particularmente vulnerables; el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección
de la salud pública, que modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social, prorrogando el plazo por el que se suspenden los lanzamientos sobre viviendas
habituales de colectivos especialmente vulnerables; y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19, que apoya a las personas arrendatarias de
viviendas habituales estableciendo determinadas medidas y ayudas para paliar y evitar la
vulnerabilidad residencial, y amplía la moratoria de la deuda hipotecaria, y la extiende a
otros colectivos.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de este último Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se ha dictado también la Orden TMA/336/2020, de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00174393
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
página 122
primera vivienda. Así, el referido informe del Banco de España sitúa a Málaga con una
de las tasas más elevadas de crecimiento desde diciembre de 2013 a mayo de 2019,
aproximadamente un 45 por ciento.
En este acceso encuentran especial dificultad las personas que han perdido la vivienda
en la que residían debido a un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio
por falta de pago de las rentas del alquiler. La evolución del número de lanzamientos
practicados derivados de ejecución hipotecaria manifiesta una tendencia decreciente y ha
representado en 2018 un 20,74 por ciento menos que en el año 2017 y un 28,47 por ciento
menos que en el año 2015. Esta tendencia sigue descendiente en el tercer trimestre de
2019, con un 25 por ciento menos que en el mismo período de 2018 en Andalucía, y un 26
por ciento menos a nivel nacional.
Sin embargo, esto no sucede con los lanzamientos derivados del impago de alquiler,
que con 5.093 lanzamientos durante el año 2018 en nuestra Comunidad Autónoma,
supone un aumento de un 8,1 por ciento respecto del año anterior, y un porcentaje del
13,96 más respecto del año 2015. En el tercer trimestre del año 2019, y comparando con
el mismo periodo del año anterior, ha aumentado en valores absolutos de 1.034 a 1.046
lanzamientos.
Esta situación puede verse agravada por la emergencia de salud pública ocasionada
por el COVID-19, elevada a pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud
el día 11 de marzo de 2020. La necesidad de adopción de las medidas extraordinarias
requeridas para hacer frente a esta coyuntura y contener la progresión de la enfermedad,
provocó la declaración del estado de alarma establecido en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, estado que ha sido objeto de sucesivas prórrogas.
Las medidas extraordinarias adoptadas han contribuido a una ralentización de
la actividad económica del país, con la pérdida temporal o definitiva de empleos y la
situación de disminución de ingresos de muchas familias, que conlleva en muchos casos
vulnerabilidad residencial.
Tanto por parte del Gobierno de la Nación como del Consejo de Gobierno andaluz
se han tomado medidas y establecido las estrategias necesarias para recuperar el pulso
económico lo antes posible, contribuir a la recuperación económica de las familias y dar
respuesta a las necesidades en materia de vivienda de los andaluces que se han visto
afectados por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.
Debemos mencionar en el ámbito que nos ocupa, el Decreto-Ley 6/2020, de 30 de
marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes
en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por
el coronavirus COVID-19, que agiliza los procedimientos para lograr el pronto pago
de las ayudas al alquiler; el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19, que dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos
particularmente vulnerables; el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección
de la salud pública, que modifica la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social, prorrogando el plazo por el que se suspenden los lanzamientos sobre viviendas
habituales de colectivos especialmente vulnerables; y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social
y económico para hacer frente al COVID-19, que apoya a las personas arrendatarias de
viviendas habituales estableciendo determinadas medidas y ayudas para paliar y evitar la
vulnerabilidad residencial, y amplía la moratoria de la deuda hipotecaria, y la extiende a
otros colectivos.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de este último Real
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se ha dictado también la Orden TMA/336/2020, de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
00174393
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
