BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 28 de abril de 2025

Sec. I. Pág. 57276

artículo, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Dado que el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional, y en beneficio de su
efectividad y operatividad, es conveniente la concentración de fondos que los financian.
En este caso, esta operatividad se sustenta en el carácter integrador y de fomento de
coordinación en la que se apoya la definición de la colaboración planteada, y que hace
necesaria la centralización de la gestión de las ayudas, en tanto que los beneficiarios
pertenecen a distintas autonomías y se hace necesario dotar de coordinación en la
concesión de las ayudas, evitando su fragmentación.
Se respetará el denominado «principio de no causar un perjuicio significativo al
medioambiente» o DNSH (Do No Significant Harm), de acuerdo con lo previsto en el
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por el Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en todas las fases del diseño y
ejecución de las actividades objeto de subvención, teniendo en cuenta la «Guía Técnica
de la Comisión Europea (C/2023/111)» sobre la aplicación de este principio, así como la
«Guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar
un perjuicio significativo al medioambiente» publicada por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico. De acuerdo con lo anterior, los beneficiarios deberán
prever mecanismos específicos de acreditación del cumplimiento del principio DNSH que
aborden los riesgos específicos de la inversión, así como la obligatoriedad de presentar
esa acreditación o tenerla a disposición de la Administración durante un plazo de cinco
años. Se da cumplimiento a los principios de buena regulación previstos en el
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, adecuándose a los principio de necesidad y eficacia,
en tanto que, mediante la concesión directa de esta subvención a las entidades de
excelencia en el área de las comunicaciones cuánticas se pondrán a disposición de
personas usuarias finales, tanto de empresas como de entidades públicas, resultados de
investigación, programas de formación y activos sobre los que desarrollar un mercado de
soluciones que utilicen esta tecnología.
A su vez, cumple con los principios de seguridad jurídica y transparencia dado que
se articula de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional,
especialmente la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su
normativa de desarrollo, y quedan claramente delimitados su alcance y objetivos.
Así mismo, el real decreto cumple con el principio de proporcionalidad ya que
contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad de financiación de dicho
proyecto, así como con el principio de eficiencia al no existir otras medidas que
impongan menos obligaciones al beneficiario. Asimismo, esta iniciativa no derivará en
una incidencia negativa sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, sino todo lo
contrario: el desarrollo de líneas científicas punteras en el área de las comunicaciones
cuánticas tiene como objetivo último el desarrollo de productos y servicios que
contribuyan a mejorar su día a día, además de que la colaboración entre beneficiarios
proporcionará oportunidades laborales de alta cualificación.
Adicionalmente, con respecto al principio de eficiencia, el real decreto contiene
cuanto resulta imprescindible para atender la necesidad de financiación de la
colaboración planteada, máxime si se compara con las inversiones en comunicaciones
cuánticas que se están haciendo a nivel internacional en otros países europeos. Esta
iniciativa tiene, por tanto, una ambición ajustada, pero con alta eficiencia, pues se trata
de sentar las bases para la creación y el arranque de actividades. Comparando con las
inversiones más acotadas, como las que se regulan en el real decreto, se puede
argumentar que la ambición ajustada del proyecto no implica una falta de eficiencia, sino
más bien un diseño acorde a sus objetivos, permitiendo un uso focalizado y estratégico
de los recursos.
La subvención regulada tiene carácter singular y se adecúa a los principios de buena
regulación debido a la singularidad del proyecto y la singularidad de las entidades

cve: BOE-A-2025-8418
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 102