III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2022-5902)
Resolución de 28 de febrero de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 49315
Adecuación normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución
7
I. INTRODUCCIÓN DEL INFORME
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN
1.1. La fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al
Mecanismo Único de Resolución (MUR) se incluyó a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas en
el Programa Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año 2019, aprobado por el Pleno del
Tribunal el 20 de diciembre de 2018.
1.2. El marco regulatorio en materia bancaria experimentó a nivel comunitario una profunda
transformación con la aprobación de la Directiva 2014/59/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014 (conocida como BRRD), por la que se establece un marco para
la reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y
del Reglamento (UE) nº 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014,
que desarrolla el MUR (Reglamento del MUR). Dicha Directiva ha sido transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto
1012/2015, de 6 de noviembre, de desarrollo de la anterior.
1.3. El Grupo de Trabajo sobre Unión Bancaria, creado por el Comité de Contacto de los
Presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Estados miembros de la Unión
Europea (UE), ha realizado durante 2019 una auditoría coordinada sobre la adaptación de los
Estados miembros a los requerimientos derivados de la creación del MUR. Estos trabajos
resultarán en un informe de auditoría que será presentado por el Grupo de Trabajo en la próxima
reunión del Comité de Contacto. Se trata de la segunda auditoría coordinada emprendida por este
Grupo, tras la realización de una primera sobre el sistema de supervisión bancaria implantado tras
la creación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que finalizó con la elevación de un
informe al Comité de Contacto en 2017.
1.4. El Tribunal de Cuentas de España aceptó la invitación del citado Grupo de Trabajo a
participar en la auditoría coordinada sobre resolución bancaria. Esta auditoría coordinada figura en
el Anexo del Programa de Fiscalizaciones de 2019 que recoge las actuaciones fiscalizadoras en el
ámbito internacional. Además, y como se deduce de los señalado en el punto 1.1 de este Informe,
figura en el mismo Programa de 2019 en el apartado de las que se realizan a iniciativa del propio
Tribunal, al haberse adoptado la decisión de que los resultados que se obtuvieran en las
actuaciones de la auditoría coordinada referentes al sector público español se expusieran también
en un Informe de fiscalización que siguiera la tramitación ordinaria de las fiscalizaciones del
Tribunal de Cuentas.
1.5. El alcance de esta fiscalización entronca directamente con las fiscalizaciones realizadas por el
Tribunal de Cuentas sobre el proceso de reestructuración bancaria desarrollado en España. En
efecto, este proceso, iniciado en torno a 2009, ha sido objeto de tres fiscalizaciones. La primera,
referida al periodo 2009-2012, culminó con la aprobación de un Informe el 27 de marzo de 2014 y
se centró en la legalidad de las actuaciones emprendidas por las entidades competentes en
materia de reestructuración, reordenación y resolución bancaria. La segunda, referida al periodo
2009-2015, cuyos resultados se expusieron en el Informe aprobado el 22 de diciembre de 2016,
continuó el análisis de legalidad realizado en la primera y estimó el coste del proceso a 31 de
diciembre de 2015 en 60.718 millones de euros. Y la tercera, referida al periodo 2009-2018,
culminó en una Nota de fiscalización aprobada el 28 de noviembre de 2019 que estima el coste
del proceso a 31 de diciembre de 2018 en 66.577 millones de euros. Todas estas fiscalizaciones
se refieren a unos procesos de reestructuración que han tenido como marco normativo de
referencia una legislación previa a la creación del MUR.
1.6. Esta actuación fiscalizadora se enmarca en la puesta en práctica del Plan Estratégico 20182021, contribuyendo a la consecución de diversos objetivos estratégicos del mismo. Así, se
cve: BOE-A-2022-5902
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 86
Lunes 11 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 49315
Adecuación normativa y de las instituciones españolas al Mecanismo Único de Resolución
7
I. INTRODUCCIÓN DEL INFORME
I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN
1.1. La fiscalización de la adecuación de la normativa y de las instituciones españolas al
Mecanismo Único de Resolución (MUR) se incluyó a iniciativa del propio Tribunal de Cuentas en
el Programa Anual de Fiscalizaciones correspondiente al año 2019, aprobado por el Pleno del
Tribunal el 20 de diciembre de 2018.
1.2. El marco regulatorio en materia bancaria experimentó a nivel comunitario una profunda
transformación con la aprobación de la Directiva 2014/59/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014 (conocida como BRRD), por la que se establece un marco para
la reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y
del Reglamento (UE) nº 806/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014,
que desarrolla el MUR (Reglamento del MUR). Dicha Directiva ha sido transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto
1012/2015, de 6 de noviembre, de desarrollo de la anterior.
1.3. El Grupo de Trabajo sobre Unión Bancaria, creado por el Comité de Contacto de los
Presidentes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Estados miembros de la Unión
Europea (UE), ha realizado durante 2019 una auditoría coordinada sobre la adaptación de los
Estados miembros a los requerimientos derivados de la creación del MUR. Estos trabajos
resultarán en un informe de auditoría que será presentado por el Grupo de Trabajo en la próxima
reunión del Comité de Contacto. Se trata de la segunda auditoría coordinada emprendida por este
Grupo, tras la realización de una primera sobre el sistema de supervisión bancaria implantado tras
la creación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que finalizó con la elevación de un
informe al Comité de Contacto en 2017.
1.4. El Tribunal de Cuentas de España aceptó la invitación del citado Grupo de Trabajo a
participar en la auditoría coordinada sobre resolución bancaria. Esta auditoría coordinada figura en
el Anexo del Programa de Fiscalizaciones de 2019 que recoge las actuaciones fiscalizadoras en el
ámbito internacional. Además, y como se deduce de los señalado en el punto 1.1 de este Informe,
figura en el mismo Programa de 2019 en el apartado de las que se realizan a iniciativa del propio
Tribunal, al haberse adoptado la decisión de que los resultados que se obtuvieran en las
actuaciones de la auditoría coordinada referentes al sector público español se expusieran también
en un Informe de fiscalización que siguiera la tramitación ordinaria de las fiscalizaciones del
Tribunal de Cuentas.
1.5. El alcance de esta fiscalización entronca directamente con las fiscalizaciones realizadas por el
Tribunal de Cuentas sobre el proceso de reestructuración bancaria desarrollado en España. En
efecto, este proceso, iniciado en torno a 2009, ha sido objeto de tres fiscalizaciones. La primera,
referida al periodo 2009-2012, culminó con la aprobación de un Informe el 27 de marzo de 2014 y
se centró en la legalidad de las actuaciones emprendidas por las entidades competentes en
materia de reestructuración, reordenación y resolución bancaria. La segunda, referida al periodo
2009-2015, cuyos resultados se expusieron en el Informe aprobado el 22 de diciembre de 2016,
continuó el análisis de legalidad realizado en la primera y estimó el coste del proceso a 31 de
diciembre de 2015 en 60.718 millones de euros. Y la tercera, referida al periodo 2009-2018,
culminó en una Nota de fiscalización aprobada el 28 de noviembre de 2019 que estima el coste
del proceso a 31 de diciembre de 2018 en 66.577 millones de euros. Todas estas fiscalizaciones
se refieren a unos procesos de reestructuración que han tenido como marco normativo de
referencia una legislación previa a la creación del MUR.
1.6. Esta actuación fiscalizadora se enmarca en la puesta en práctica del Plan Estratégico 20182021, contribuyendo a la consecución de diversos objetivos estratégicos del mismo. Así, se
cve: BOE-A-2022-5902
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