I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. Seguridad informática. Organización. (BOE-A-2021-17277)
Orden AUC/1147/2021, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y se modifica la Orden AEC/1372/2016, de 19 de julio, por la que se crea y regula la Comisión Ministerial para la Administración Digital del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 255

Lunes 25 de octubre de 2021

Sec. I. Pág. 129054

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN
Orden AUC/1147/2021, de 15 de octubre, por la que se aprueba la Política de
Seguridad de la Información en el ámbito de la administración digital del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y se
modifica la Orden AEC/1372/2016, de 19 de julio, por la que se crea y regula
la Comisión Ministerial para la Administración Digital del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La Orden AEC/1647/2013, de 5 de septiembre, por la que se aprobó la política de
seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación (en adelante, PSI), identifica responsabilidades
y establece el conjunto de principios y directrices básicos para una protección apropiada
y consistente de los servicios y activos de información gestionados en el marco de
competencias del Ministerio, generando así, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de
enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS) en el
ámbito de la Administración Electrónica, las condiciones necesarias de confianza en el
uso de medios electrónicos.
Desde la aprobación de la citada PSI, se ha asistido a la modificación del marco
normativo básico de aplicación en el ámbito de la administración electrónica. Se ha
aprobado la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
De igual forma, el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital,
contratación del sector público y telecomunicaciones, incorpora medidas para la
seguridad pública, asegurando aspectos relacionados con la mayor exposición a
ciberamenazas que exigen una mejor protección de redes y sistemas, así como de la
privacidad y los derechos digitales del ciudadano.
Asimismo, han entrado en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos); y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Más recientemente, la transposición de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes (Directiva NIS) al
ordenamiento jurídico español, se llevó a cabo mediante el Real Decreto-ley 12/2018,
de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información y desarrollado
a su vez por el Real Decreto 43/2021 de 26 de enero por el que se desarrolla el Real
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de
información. Esta norma legal regula la seguridad de las redes y sistemas de información
utilizados para la provisión de los servicios esenciales y los servicios digitales,
estableciendo mecanismos que, con una perspectiva integral, permiten mejorar la
protección frente a las amenazas que afectan a las redes y sistemas de información, y
fijando un marco institucional de cooperación que facilita la coordinación de las

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