BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291

Miércoles 4 de noviembre de 2020

Sec. I. Pág. 95820

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas
urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito
estatal.

La situación de emergencia sanitaria en que, como consecuencia de la pandemia
global del COVID-19, se encuentra España ha supuesto un impacto sin precedentes, por
su rapidez e intensidad, en las estructuras sociales, económicas y laborales de nuestro
país. En este sentido, aunque las necesidades sanitarias de la población general remitan,
resulta previsible que se acentúen paulatinamente otras necesidades de carácter
socioeconómico del conjunto de la sociedad y, muy especialmente, de los grupos de
población más vulnerables.
Dichas necesidades, sin duda preexistentes a la situación de crisis sanitaria, se están
viendo intensificadas en su gravedad y diversificadas en su tipología. En consecuencia, los
poderes públicos deben, bajo el mandato implícito al carácter social y democrático de
Derecho del Estado, abordar con carácter urgente las consecuencias socioeconómicas de
un fenómeno, la crisis sanitaria, que está deteriorando de forma acelerada las condiciones
de vida de la población.
Resulta innegable que en la provisión del bienestar social las entidades del Tercer
Sector de Acción Social vienen desempeñando, desde hace décadas, un papel de
creciente importancia, en colaboración y con el impulso y el apoyo de las administraciones
públicas. Actualmente, la acción de las entidades del Tercer Sector de Acción Social
constituye un apoyo fundamental para la realización efectiva de los derechos sociales,
especialmente entre la población en riesgo de exclusión social.
En este sentido, las entidades del Tercer Sector de Acción Social vienen realizando un
esfuerzo sin precedentes en nuestra historia reciente a la hora de atenuar el impacto que
la crisis sanitaria está teniendo en las condiciones de vida de buena parte de la sociedad
española. El rápido despliegue de medios por parte de dichas entidades se ha traducido
en que, con sus propios recursos, materiales, humanos y financieros, hayan tenido que
abordar diversas necesidades sociales sobrevenidas que, presumiblemente, pueden
prolongarse e intensificarse en los próximos meses. La reorientación de los recursos del
Tercer Sector de Acción Social a afrontar la situación de emergencia sanitaria ha debilitado
considerablemente tanto la capacidad de actuación como las propias estructuras centrales
de las principales entidades.
Así, una de las consecuencias de la extraordinaria situación actual (crisis sanitaria,
económica y social) ha sido el incremento exponencial de las demandas sociales a las
entidades del Tercer Sector de Acción Social unido a la incapacidad de estas de hacer
frente a dichas demandas con unos medios que se han mantenido, en el mejor de los
casos, estables en el tiempo. Por otra parte, al igual que el tejido empresarial, el tejido
asociativo vinculado al Tercer Sector de Acción Social viene sufriendo una serie de
tensiones sin precedentes que pone en peligro la propia supervivencia de muchas
entidades, cuya labor resulta fundamental para promover el bienestar de buena parte de
la sociedad española. Resulta significativo, en este sentido, que el Tercer Sector de Acción
Social en su conjunto se ha visto obligado a realizar este esfuerzo extraordinario a través
de unas estructuras que todavía no se habían repuesto de la crisis financiera global del
año 2008.
En estas circunstancias excepcionales, corresponde al Gobierno recurrir a todos los
instrumentos disponibles para apoyar a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal.
La denominada «segunda ola» de la pandemia que, con mayor o menor intensidad, se ha
iniciado en nuestro país y en la mayoría de países de nuestro entorno al finalizar el periodo

cve: BOE-A-2020-13491
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