BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 258

Martes 29 de septiembre de 2020

Sec. I. Pág. 81960

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
11363

Ley 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de
modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016,
relativas a la protección del derecho a la vivienda.
EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA

Los artículos 65 y 67 del Estatuto prevén que las leyes de Cataluña son
promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente o Presidenta de la Generalidad. De
acuerdo con lo anterior promulgo la siguiente Ley.

La salida de la crisis financiera internacional y la progresiva reactivación económica
de los últimos años han incidido con fuerza en el mercado de la vivienda, que ha
experimentado cierta retracción del acceso en régimen de propiedad, por razones no
solo de precio sino también de financiación, y un aumento sustancial de la demanda de
vivienda de alquiler. Este aumento, combinado con la poca duración de los contratos de
arrendamiento en aplicación de la legislación del Estado, ha propiciado una fuerte
escalada de los precios, que en Cataluña han crecido en torno a un treinta por ciento en
los últimos cinco años. Esta tendencia ha sido aún más acusada en el caso de Barcelona
y su entorno metropolitano, al añadirse a la misma el auge del turismo urbano, que ha
desviado viviendas hacia usos no residenciales, así como la entrada de capital
internacional en grandes operaciones de inversión inmobiliaria.
La fuerte subida de los precios ha causado dificultades económicas muy graves para
el acceso a la vivienda y para permanecer en ella. Una situación agravada aún más por
la pandemia de Covid-19, que ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes y, en
consecuencia, una nueva crisis económica y social. La juventud y las personas y familias
con bajo nivel de ingresos son quienes más han sufrido y aún sufren situaciones de
exclusión residencial. Estudios recientes publicados por el Observatorio Metropolitano de
la Vivienda de Barcelona indican que el esfuerzo necesario para acceder a la vivienda ya
está superando el de los años de inicio de la crisis y que la tasa de sobrecarga de los
inquilinos que tienen alquileres a precios de mercado supera el cuarenta por ciento en
Barcelona y el área metropolitana, muy por encima de la media europea y de lo que se
considera razonable para una economía familiar. La vulnerabilidad que de ello se deriva
se traduce, en la práctica, en la expulsión de muchos vecinos de su entorno de
residencia, ya sea por desahucio, ya sea por la imposibilidad de afrontar los nuevos
precios que se establecen al extinguirse los contratos. Esta dinámica de segregación
espacial en función de la capacidad económica incide muy negativamente en la
estructura urbana y en la cohesión social.
Los retos que plantea el acceso a una vivienda digna y asequible deben abordarse
prioritariamente con políticas públicas. La Generalidad y las administraciones locales se
han mostrado en la última década particularmente resolutivas adoptando y ejecutando
medidas dirigidas a incrementar el parque de vivienda pública y social, si bien el enorme
déficit histórico en este terreno hace necesario un esfuerzo largo y sostenido para poder
obtener resultados apreciables. Sin embargo, aparte de estas actuaciones, todos los
informes de diagnóstico y los planes de vivienda reservan un papel específico a los
instrumentos del derecho privado.

cve: BOE-A-2020-11363
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PREÁMBULO