BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185

Lunes 6 de julio de 2020

Sec. I. Pág. 47684

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
7311

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la
reactivación económica y el empleo.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha cambiado por completo el escenario
económico mundial. Las medidas de distanciamiento físico y limitaciones a la movilidad,
necesarias y efectivas para controlar la transmisión del virus, tienen un enorme impacto
en la actividad productiva y el bienestar de los ciudadanos. Estos efectos se han dejado
notar tanto en la oferta, con severas dificultades para las cadenas de suministros y el
cierre temporal de negocios, como en la demanda doméstica y externa, con una
importante repercusión sobre algunos sectores como el turismo, esenciales para la
economía española. El cierre temporal de negocios, las restricciones a la libre circulación
o la suspensión de actos públicos tienen un inevitable impacto sobre las empresas, que
desempeñan un papel central en la creación de empleo y riqueza para el conjunto del
país. En tan críticas circunstancias, preservar el tejido productivo y atender a las
dificultades transitorias de las empresas es una prioridad para superar las consecuencias
de esta pandemia.
La magnitud del impacto de este shock exógeno sobre la economía no tiene
precedentes en la historia reciente. La contracción económica afecta a un gran número de
países, tanto en la zona euro como en el conjunto de la UE y el resto del mundo, con
caídas de la actividad global que el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones
económicas actualizadas para el mes de junio, estima en el –4,9 % en 2020. Todo apunta
a una intensa caída del Producto Interior Bruto de España en la primera parte del año,
especialmente en el mes de abril, en el contexto de fuertes medidas de limitación de la
movilidad para lograr contener la expansión del virus.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha una batería de
medidas sin precedentes desde el mes de marzo para apoyar el tejido productivo y social,
minimizar el impacto negativo y lograr sostener una base sobre la que impulsar al máximo
la actividad económica una vez finalizada la alarma sanitaria. Mediante los Reales
Decretos-ley 7/2020, de 12 de marzo, 8/2020, de 17 de marzo, 11/2020, de 31 de marzo,
y 15/2020, de 21 de abril, se ha implementado un conjunto de medidas de apoyo a la
liquidez, laborales y de sostenimiento de rentas, con especial atención a los autónomos.
Entre otras actuaciones, cabe destacar el establecimiento de una línea de avales por
cuenta del Estado por un importe total de 100.000 millones de euros, que se ha ido
liberando en el periodo de abril a junio para cubrir las necesidades de liquidez de empresas
y autónomos para hacer frente a la gestión de facturas, necesidad de circulante o
vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Esta línea de avales se sumaba a
la ampliación de la línea Thomas Cook a 400 millones de euros para el sector turismo y
actividades conexas y a la creación de una línea de cobertura aseguradora de CESCE de
hasta 2.000 millones de euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de la
Internacionalización.
Estas medidas de apoyo al tejido productivo, alineadas con las del resto de países
europeos, están cumpliendo de manera eficiente su objetivo fundamental de permitir que
las empresas sigan satisfaciendo sus pagos ordinarios, convirtiéndose así en la primera
línea de defensa de nuestro sistema productivo. España está entre las grandes economías
de la zona euro con mayor empleo de los avales públicos, lo que sin lugar a dudas ha
permitido mitigar las consecuencias económicas negativas derivadas del confinamiento.
De las operaciones concedidas hasta la fecha de aprobación de este real decreto-ley, en

cve: BOE-A-2020-7311
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