BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 181

Miércoles 1 de julio de 2020

Sec. III. Pág. 46048

La situación epidemiológica ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del
COVID-19 que en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han
alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y
productivas. La suspensión de todas las actividades no esenciales y las limitaciones al
desempeño de otras muchas han generado un importante aumento del desempleo
coyuntural y una reducción de actividad de pymes y autónomos.
Para tratar de paliar los efectos negativos el Gobierno ha estado tomando diversas
medidas en varios reales decretos-leyes con incidencia en la economía, la sociedad y el
empleo.
Entre las medidas reguladas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19; el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19; el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo, o el Real Decreto-ley 19/2020,
de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos
del COVID-19, hay varias que requieren que los solicitantes acrediten ser perceptores de
prestaciones por desempleo:
A) Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo;
B) moratorias de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda
habitual en situación de vulnerabilidad económica;
C) moratorias a los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las
personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo;
D) moratorias de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual;
E) préstamos acogidos a la Línea de Avales Arrendamiento COVID-19, o
F) ayudas transitorias de financiación a arrendatarios de viviendas habituales
localizadas en todo el territorio español.
Con el presente Convenio se pretende agilizar, simplificar y facilitar la tramitación de
estas medidas, tan necesarias en el momento actual, dadas las importantes
consecuencias económicas, sociales y de empleo que está teniendo en nuestro país la
pandemia del COVID-19.

El presente Convenio se tramita en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria
causada por el COVID-19, por lo que, de acuerdo al artículo 39 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, no resultan de aplicación las disposiciones
contenidas en los apartados 1 y 2 en las letras a), b) y c) del artículo 50 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueban
las instrucciones para la tramitación de Convenios.
Asimismo, se excluye de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de forma que el
presente Convenio se perfecciona y resulta eficaz con el consentimiento de las partes,
sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Tercero.
Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión y el control de las
prestaciones por desempleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23

cve: BOE-A-2020-7022
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Segundo.