Consejería De Igualdad Y Portavocía. Violencia De Género. Subvenciones. (2021063160)
Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención directa sin convocatoria previa, a la Asociación de Mujeres Malvaluna para la realización del proyecto "40 años de feminismo y lucha contra las violencias machistas en Extremadura" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género.
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NÚMERO 207
Miércoles, 27 de octubre de 2021
50740
El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura, el cual desarrolla las estrategias y las políticas de Igualdad en Extremadura en el periodo 2017-2021,
refleja tanto en la estrategia integral contra la violencia de género como en el resto de los
ejes contemplados, líneas, medidas y actuaciones que promuevan y aseguren la eliminación
de todas las formas de discriminación, especialmente en aquellos colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación. A tal efecto, se recoge en su Eje 4, Participación
Ciudadana por la Igualdad, que tiene entre sus medidas:”4.3. Mujeres del mundo rural”, con
la finalidad de dinamizar la participación social adaptada a las mujeres rurales y a movimientos por la Igualdad en el medio rural.
En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011,
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio abarca todas
las formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una violación de los derechos
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Pero para abordar el irracional fenómeno de la violencia de género, que se acomete contra
las mujeres por el hecho de ser mujeres y es sufrida, generalmente, tanto por las propias
mujeres como por sus hijos, es necesario adoptar diversas medidas y políticas de ayuda a las
víctimas desde distintos niveles de actuación.
Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción
de un Pacto de Estado en materia de violencia de género, por el Gobierno de la Nación, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La proposición no de ley establecía la
creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que tenía
como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas que
impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y en el
que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas
que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia
de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de violencia de género, los
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para
Miércoles, 27 de octubre de 2021
50740
El V Plan Estratégico para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Extremadura, el cual desarrolla las estrategias y las políticas de Igualdad en Extremadura en el periodo 2017-2021,
refleja tanto en la estrategia integral contra la violencia de género como en el resto de los
ejes contemplados, líneas, medidas y actuaciones que promuevan y aseguren la eliminación
de todas las formas de discriminación, especialmente en aquellos colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación. A tal efecto, se recoge en su Eje 4, Participación
Ciudadana por la Igualdad, que tiene entre sus medidas:”4.3. Mujeres del mundo rural”, con
la finalidad de dinamizar la participación social adaptada a las mujeres rurales y a movimientos por la Igualdad en el medio rural.
En 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011,
que entró en vigor el 1 de agosto de 2014. El ámbito de aplicación del Convenio abarca todas
las formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una violación de los derechos
humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designa todos los actos de
violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.
Pero para abordar el irracional fenómeno de la violencia de género, que se acomete contra
las mujeres por el hecho de ser mujeres y es sufrida, generalmente, tanto por las propias
mujeres como por sus hijos, es necesario adoptar diversas medidas y políticas de ayuda a las
víctimas desde distintos niveles de actuación.
Así, el 15 de noviembre de 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción
de un Pacto de Estado en materia de violencia de género, por el Gobierno de la Nación, las
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española
de Municipios y Provincias, que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia
sobre la mujer como una verdadera política de Estado. La proposición no de ley establecía la
creación, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, de una Subcomisión que tenía
como objetivo elaborar un informe en el que se identificaran y analizaran los problemas que
impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y en el
que se incluyeran un conjunto de propuestas de actuación, entre ellas las principales reformas
que deben acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales. El Congreso, en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia
de violencia de género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre de 2016, la
creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de violencia de género, los
aspectos de prevención, protección y reparación de las víctimas, analizase la estrategia para
