III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2022-6419)
Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Azpeitia, por la que se suspende la extensión de anotación de prohibición de disponer ordenada en mandamiento judicial.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 19 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 53476
específicamente, autorizó a los liquidadores a enajenar tanto las acciones de «Gestión
de Edificios Instalaciones, Sanitarias y Servicios, S.A.» como los inmuebles y activos
financieros de propiedad de esta sociedad.
– Que con fecha 20 de octubre de 2021, y ante la negativa de «Pakea Mutualidad de
Seguros a Prima Fija», de permitir a «Mutualia Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 2» hacer efectivos sus derechos sobre las acciones de «Gestión de Edificios
Instalaciones, Sanitarias y Servicios, S.A.», «Mutualia Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 2» solicitó del Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián la
adopción de medidas cautelares previas a la demanda, que son las adoptadas por el
auto que origina el mandamiento objeto de la calificación.
– Que la negativa a la extensión de la anotación preventiva hace ineficaces las
medidas adoptadas si llegara a producirse la enajenación de los activos de la sociedad
«Gestión de Edificios Instalaciones, Sanitarias y Servicios, S.A.».
2. Como ha manifestado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, la
Resolución de 5 de febrero de 2018) el principio de tracto sucesivo es una traducción en
el ámbito hipotecario del principio de seguridad jurídica y de proscripción de la
indefensión, máxime estando los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los
tribunales y produciendo todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los
términos establecidos en la Ley.
Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es indispensable
que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución judicial
dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte, de lo contrario surge un
obstáculo del mismo Registro que impide que se proceda como se solicita, incluso
aunque se haya instado la petición por un organismo judicial, sin que ello suponga, en
ningún caso, una vulneración de los artículos 117 y 118 de la Constitución.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el principio constitucional de
protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos impide extender las
consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de
ninguna manera, ya que lo contrario supondría extender sus consecuencias a quien no
ha sido parte violando el principio de tutela judicial efectiva y en definitiva el artículo 24
de la Constitución.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de
nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de
venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr.
artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino
desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia
jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la
Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los
asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este principio deriva, a su vez, de la legitimación registral pues si, conforme al
artículo 38 de la Ley Hipotecaria, la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de
exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio
del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados
en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del
Reglamento Hipotecario (vid., por todas, la Resolución de 14 de marzo de 2018).
3. Ciertamente el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva
a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos,
incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las
resoluciones judiciales.
Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la
obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la
resolución, pero sí examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con
cve: BOE-A-2022-6419
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 93
Martes 19 de abril de 2022
Sec. III. Pág. 53476
específicamente, autorizó a los liquidadores a enajenar tanto las acciones de «Gestión
de Edificios Instalaciones, Sanitarias y Servicios, S.A.» como los inmuebles y activos
financieros de propiedad de esta sociedad.
– Que con fecha 20 de octubre de 2021, y ante la negativa de «Pakea Mutualidad de
Seguros a Prima Fija», de permitir a «Mutualia Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 2» hacer efectivos sus derechos sobre las acciones de «Gestión de Edificios
Instalaciones, Sanitarias y Servicios, S.A.», «Mutualia Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 2» solicitó del Juzgado de lo Mercantil de San Sebastián la
adopción de medidas cautelares previas a la demanda, que son las adoptadas por el
auto que origina el mandamiento objeto de la calificación.
– Que la negativa a la extensión de la anotación preventiva hace ineficaces las
medidas adoptadas si llegara a producirse la enajenación de los activos de la sociedad
«Gestión de Edificios Instalaciones, Sanitarias y Servicios, S.A.».
2. Como ha manifestado reiteradamente este Centro Directivo (vid., por todas, la
Resolución de 5 de febrero de 2018) el principio de tracto sucesivo es una traducción en
el ámbito hipotecario del principio de seguridad jurídica y de proscripción de la
indefensión, máxime estando los asientos del Registro bajo la salvaguardia de los
tribunales y produciendo todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los
términos establecidos en la Ley.
Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es indispensable
que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución judicial
dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte, de lo contrario surge un
obstáculo del mismo Registro que impide que se proceda como se solicita, incluso
aunque se haya instado la petición por un organismo judicial, sin que ello suponga, en
ningún caso, una vulneración de los artículos 117 y 118 de la Constitución.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el principio constitucional de
protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos impide extender las
consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él, ni han intervenido de
ninguna manera, ya que lo contrario supondría extender sus consecuencias a quien no
ha sido parte violando el principio de tutela judicial efectiva y en definitiva el artículo 24
de la Constitución.
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es principio básico de
nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de
venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr.
artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino
desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia
jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la
Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los
asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Este principio deriva, a su vez, de la legitimación registral pues si, conforme al
artículo 38 de la Ley Hipotecaria, la inscripción implica una presunción «iuris tantum» de
exactitud de los pronunciamientos del Registro a todos los efectos legales en beneficio
del titular registral, el efecto subsiguiente es el cierre del Registro a los títulos otorgados
en procedimientos seguidos con persona distinta de dicho titular o sus herederos, y que
esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida dentro
del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el artículo 100 del
Reglamento Hipotecario (vid., por todas, la Resolución de 14 de marzo de 2018).
3. Ciertamente el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva
a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos,
incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación de cumplir las
resoluciones judiciales.
Pero no es menos cierto que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la
obligación de calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la
resolución, pero sí examinar si en el procedimiento han sido emplazados aquellos a
quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado por la sentencia, con
cve: BOE-A-2022-6419
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Núm. 93
