BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 7 de octubre de 2020

Sec. III. Pág. 85260

tiene otro objeto, ni otros efectos, que el de “fabricar” el presupuesto procesal
imprescindible para que la Administración pueda impugnar en sede jurisdiccional sus
propios actos declarativos de derechos o favorables anulables, para cuya revisión carece
de potestades, a diferencia de lo que ocurre respecto de cualesquiera clase de actos o
disposiciones que incurran en vicios de nulidad de pleno derecho (…), sin que tampoco
tenga facultades para su revocación, que sólo ostenta respecto de sus actos
desfavorables o de gravamen, (.. ). De ahí que, ni el Acuerdo de declaración de
lesividad, ni cualesquiera otros que se dicten en este tipo de procedimientos son
susceptibles de impugnación autónoma, pues en tanto, no sólo se declare la lesividad
del acto, sino que, con base en esa declaración de lesividad, se formule demanda ante el
órgano contencioso administrativo correspondiente, tales actuaciones carecen de efectos
“ad extra”, subsistiendo, en toda su integridad y eficacia, el acto administrativo para cuya
declaración de lesividad se inicia el procedimiento, hasta que el órgano jurisdiccional
(único que puede anular el acto) efectúe -si es que estima el recurso- el pronunciamiento
anulatorio que la Administración postula en el proceso».
Se ha planteado incluso que este mecanismo de revisión alcance no sólo a los actos
anulables sino a los nulos de pleno derecho, cuya revisión de oficio se vio truncada, por
ejemplo, al no haberse obtenido el preceptivo informe favorable del órgano consultivo, o
bien la Administración no consideró oportuno iniciar el procedimiento. Posibilidad que
ciertamente no se encuentra prohibida por el ordenamiento jurídico y, además, el
proceso de lesividad extrema las garantías en beneficio del particular que pueda resultar
afectado por la pretendida nulidad (STS de 24 de septiembre de 1999).
De lo anterior puede afirmarse, no obstante, que no es susceptible de declaración de
lesividad un acto jurídico que sea reputado inicialmente como válido, y tampoco el
acuerdo dictado por la Administración en ejecución de una anterior sentencia firme, en
virtud del principio de cosa juzgada y el deber de cumplimiento de las resoluciones
judiciales.
En resumen, a diferencia de la revisión de oficio regulada en el artículo 106, que
faculta a la Administración para declarar por sí misma la nulidad de sus propios actos
administrativos favorables o declarativos de derechos, cuando el acto administrativo
favorable adolece de una causa no de nulidad sino de mera anulabilidad, la
Administración debe declararlo lesivo, siendo al Juez a quien mediante sentencia
corresponde anularlo y dejarlo sin efecto, en el proceso judicial, pues la anulación no se
produce en vía administrativa. El procedimiento de lesividad acaba con una resolución
que sólo habilita a la Administración a presentar un recurso contencioso-administrativo
contra el acto declarado lesivo,
No obstante, nada impide que, si no hay derechos de terceros o todos los
interesados están conformes, no sea necesario acudir a la declaración de lesividad y
consiguiente impugnación judicial, si el acto administrativo adolece de una irregularidad
material (como es la afectante a la superficie incluida en la unidad de actuación) que es
objeto de convalidación con la conformidad de los interesados.
En el presente expediente el Ayuntamiento acuerda en 2019 la anulación del acto
administrativo firme aprobatorio del proyecto de reparcelación del año 2001 invocando
causa de anulabilidad y en procedimiento seguido a instancia de los interesados, por lo
que resulta evidente que se ha seguido el procedimiento previsto en la Ley de
Procedimiento Administrativo para la subsanación de vicios de anulabilidad, a través de
la modificación del proyecto de reparcelación, y su retroacción al momento en que se
incurrió en la irregularidad no invalidante.
6. En cuanto a la necesidad de la firmeza de la resolución administrativa, a que
igualmente alude la registradora en su calificación, como ha afirmado este Centro
Directivo reiteradamente -por todas Resolución de 12 de febrero de 2014-, se trata
ciertamente de una hipótesis excepcional, pues, como ya se ha dicho, frente a la regla
general en sede de rectificación de los asientos registrales que presupone el
consentimiento del titular del asiento a rectificar o, en su caso, la oportuna resolución
judicial firme dictada en juicio declarativo entablado contra aquél (cfr. artículos 1, 40, 82

cve: BOE-A-2020-11923
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Núm. 265